Sumarios jurisdiccionales

Para las organizaciones resulta positivo otorgar a quien agrede a otra persona por razones y/o en contextos de violencia de género la posibilidad de reparar el daño que se ha producido y han dejado en claro la necesidad de revisar “la cultura patriarcal de la que el castigo punitivo es parte”. Han puesto de manifiesto que llevar todos los casos a juicio pudiendo resolverlos de otra forma distinta, compromete recursos que siempre son limitados para casos extremadamente más graves, destacando que el castigo penal no guarda ninguna relación con la reducción de la violencia (10 razones para no prohibir la suspensión de juicio a prueba. INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales); APP (Asociación Pensamiento Penal); CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Colectivo Colectivo Ni Una Menos; OCA (Observatorio Contra el Acoso); Red de Mujeres; Colectivo Colectivo Mujeres al Derecho, Colectivo para la Diversidad (COPADI); Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional; Asociación Contra la Violencia Institucional; SITRAJU Nación (Sindicato de Trabajadores Judiciales); CEPOC (Centro de Estudios de Política Criminal); Cátedra de Criminología y Control Social, Facultad de Derecho UNR; Cátedra de Criminología Facultad de Derecho UNC; Movimiento de Profesionales para los Pueblos). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

No todos los casos deben resolverse de la misma manera. El poder judicial tiene el deber de dar la respuesta más acorde a los derechos de las partes, y en especial en casos de violencia de género buscar los medios para generar medidas transformadoras del orden social en general, y preventivas, reparadoras y restauradoras para la víctima en particular. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

Dejo -una vez mas- asentada mi profunda preocupación por el reduccionismo que implica una pretensión de respuesta única para todos los casos, la persistente desvalorización -en un sistema de justicia androcéntrico- de la palabra, la voz y la voluntad de quienes por ser mujer y ser (o haber sido) víctima de violencia son estereotipadas bajo el rótulo de la “incapacidad jurídica”y “la debilidad” y en consecuencia, son despojadas del derecho a ser oídas y del derecho a recibir una consideración fundada sobre sus opiniones. Ergo, son sustituidas en la decisión que afectará sus vidas por quienes presumen, como se ha presumido históricamente, conocer “lo que es mejor para ellas”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Del análisis de la sentencia se advierte que el presente caso se resuelve con perspectiva de género, y que es un compromiso institucional que las juezas y jueces debemos resolver, de ese modo y con esa perspectiva “como criterio de interpretación de la normativa aplicable, de los hechos y de las pruebas del caso, parte de la consideración de la situación de discriminación en que se hallan las mujeres y ha sido concebida por un sistema normativo que obliga a la adopción de políticas públicas a las que el Poder Judicial no es ajeno (“Carus-STJ-2018 y sus precedentes “Varela-STJ-2016” y “Cortés-STJ-2017”). (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La crítica de la Defensa es insuficiente para rebatir el fundamento de la sentencia de fecha 19/12/19 en cuanto sostuvo que resulta desconectado con la conducta precedente, tanto en el aspecto objetivo como subjetivo, puesto que ese pedido de perdón es la conducta relativa al círculo de violencia donde el agresor daña o mata a la víctima (a quien considera objeto de su dominio y sumisión) y luego se muestra arrepentido. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Opera el principio de debida diligencia en la prevención de la violencia contra la mujer y en especial lo referido por el STJ en el punto 6.5 de la sentencia señalada -“Narvaez” del STJ, sentencia 20/18 del 21 de febrero de 2018- a la cual remito en orden a la brevedad. Entonces no advierto sustento a la queja de la defensa cuando sostiene que el fallo Narvaez no existe o que se ha dictado la cautelar solo en función de la víctima. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencia)

La perspectiva de género es un enfoque obligado justamente para garantizar la imparcialidad de los jueces ante un contexto de desigualdad en el orden social (Vertido c. Filipinas, Cedaw, ONU) y por el contrario a lo sostenido por la defensa, no implica imparcialidad alguna sobre el análisis de los hechos y el derecho (TIP Se 231/19, 31/20, 35/20 entre otras). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencia)

La fiscalía no solo no ha probado la mayoría de los extremos fácticos de su acusación (lo que ha llevado a tribunal de juicio a descartar fundadamente los restantes delitos por los que acusara al imputado) sino que no ha aportado, en el marco de las funciones que le caben, los extremos necesarios para tener por probado un contexto de violencia de género ni tampoco otra causa legitima y de relevancia que justifique la inasistencia de los testigos directos, y en particular la inasistencia de la víctima. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Las conductas en el marco de una relación de violencia de género que han sido descripta en la acusación no han sido correctamente evaluadas por el tribunal en razón de las pruebas desarrolladas en el debate. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi)

Se impone el análisis del presente caso bajo la perspectiva de género, dado que el imputado abusó de la joven y confundiéndola desde su situación de poder le impuso preconcepciones sobre el rol y las funciones de la mujer en la sociedad que deben ser erradicadas. El imputado se apropió e impuso en la relación patrones socioculturales de conducta con el objetivo de consumar conductas basadas en la idea de inferioridad de la mujer. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)