Sumarios jurisdiccionales

En este caso en el que se juzga hechos de violencia sexual sobre una niña debe tenerse presente el abordaje desde un enfoque interseccional, desde que como ha planteado la sentencia se analiza la agresión a una mujer niña. La violencia sexual contra las niñas, no solo expresa un discriminación prohibida en razón del género, sino tambien lo es en razón de la edad (conf. CIDH Guzman Albarracin Vs. Ecuador). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Teniendo presente que el delito que se juzga encuadra en delitos de género, resulta de aplicación al caso: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, Convención de Belem do Pará, Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", aprobado por la ley 26.171 y la ley n° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia tiene en cuenta el contexto en el cual se inserta el hecho concreto acusado y la relación de poder que existía entre B. y la joven, la intersección en la misma de la condición de mujer, necesidad de recursos económicos, juventud, haber sido víctima de otras violencias y su falta de herramientas para defenderse, todo lo cual se inserta en una subordinación estructural de clase y género. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La valoración de la prueba en estos casos -delitos de género- “no implica una flexibilización en el principio de inocencia sino un abordaje con perspectiva de género, sin soslayar un riguroso examen de credibilidad a los mismos, a efectos de chequear la veracidad de la información al efectuar la valoración de la prueba de manera que se desvirtúe el principio de inocencia como presupuesto indispensable para la condena” (TIP se.73/19), sino que conlleva un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes, y la prueba generada sin perder de vista la desigualdades entre hombres y mujeres. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Es cierto que esta Convención Internacional -para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ley nº 24.632)- no genera un derecho a la condena, pero sí garantiza certeza a la víctima de que la persona responsable de un ataque a la mujer genera la expectativa del cumplimento de la sanción.

La normativa sobre la materia establece que en cualquier procedimiento judicial los derechos y garantías a ser oídas personalmente por el juez/jueza y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos; (artículo 16 inciso c e i, de la ley 26485). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La medida dispuesta resulta compatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (STJRNS2 Se. 91/20 Ley 5020). (voto del Juez Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Tengo presente que el estándar de prueba establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el tipo de delito de género que aquí se juzga (Caso Fernández Ortega vs. México, 2010; Caso J.V. C Perú, 2013, Caso Espinoza González vs. Perú, 2014) determina que, dado el tipo de delito y la forma de violencia (en el caso sexual), “no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”. (criterio establecido por el STJ Se. 203/16, 187/17, 276/17 y 67/18, entre otros). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes, y la prueba generada sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres, desechando estereotipos genéricos que han contribuido a la discriminación y violencia histórica de las mujeres en un orden social patriarcal. Orden en el cual las niñas “son tributarias del proceso histórico de fragilización de la subjetividad femenina” (Fernández, Ana María. Las lógicas sexuales: amor, política y violencias”. (Se. 176719) (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia ha ponderado la prueba desde el marco que imponen la normativa vigente en delitos de violencia contra la mujer, con rigurosidad analítica y con atención al principio de inocencia desde que particularmente se ha ocupado tanto de verificar la acreditación de la hipótesis fiscal como de descartar la teoría del caso que ha traído la defensa. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)