Sumarios jurisdiccionales

La procedencia de la prisión preventiva y su modalidad de ejecución dependerá del análisis puntual que realice la judicatura sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas requeridas para asegurar la investigación y los fines del proceso, análisis que deberá procurar la menor afectación de derechos del imputado. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El peligro de fuga fue valorado oportunamente al dictarse la medida cautelar y en esta etapa se suma el indicio de avance del proceso del cual surgen los rechazos de las impugnaciones por parte de este Tribunal de Impugnación y del STJRN (sentencia no firme). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

La formulación de cargos fue debidamente controlada y la prisión preventiva se fijó en dos meses, un plazo que aparece razonable y proporcional en función de los hechos a investigar y los riesgos a la investigación acreditados por la fiscalía. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

La posibilidad de fuga está referida a la posible intención del imputado de sustraerse de un determinado lugar por incumplimiento de directivas legales, para cuyo fin se analiza la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia (peligro de fuga) conforme a una serie de elementos indiciarios, entre los que se cuentan su anterior fuga en este legajo (art. 110 último párrafo del CPP), la sentencia condenatoria no firme (implica un indicio de peligro procesal concreto de magnitud y entidad suficiente para habilitar una inferencia respecto de la necesidad de disponer un encarcelamiento preventivo), que fue confirmada por este Tribunal de Impugnación y, además, se denegó el recurso extraordinario local. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

Si bien el remedio ha sido interpuesto en tiempo, se advierte desde el inicio un obstáculo insalvable para la tramitación del recurso desde que el recurso interpuesto tiene por objeto atacar una resolucion del Juez revisor que ha confirmado la prisión preventiva resuelta en la instancia anterior, garantizando el doble conforme (art. 26, 27 y 228 CPP). Por lo cual el recurso ha sido erróneamente concedido por el Juez revisor. (voto conjunto de los Dres. María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

Existe una amenaza de pena que excede el límite para su cumplimiento condicional siendo el quantum de la sanción en concreto (dieciocho años de prisión) lo que refuerza el interés que se pretende asegurar a través de la presencia de M., es decir, el efectivo cumplimiento de tal pena. La restricción cautelar de la libertad en autos es acorde con el principio de proporcionalidad, en virtud de la modalidad de la pena seleccionada, que no podrá ser dejada en suspenso, a la vez que también obedece a la exigencia de la necesidad, por resultar absolutamente indispensable para lograr tal cumplimiento efectivo y no existir una medida cautelar menos gravosa que cuente con la misma idoneidad, todo ello en función de las particulares condiciones ventiladas. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

Corresponde declarar la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria intentada, desde que la defensa no demuestra porqué es constitucional o convencionalmente impropio no aplicar este principio del doble conforme en este caso concreto, cuando se observa que en ambas situaciones no se cuestiona el respeto al debido proceso porque no se señala una actividad jurisdiccional que contenga vicios o errores que ocasionen agravio, sino una discrepancia subjetiva en cuanto al modo de resolverse la confirmación de la prisión preventiva contra el imputado N. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Atento a lo resuelto en STJRNS2 A.I. 101/19 "Forno" Ley 5020, en fecha 23/12/19, queda en claro que la competencia funcional del Tribunal de Impugnación comprende la revisión de todas las sentencias y las resoluciones "equiparables a sentencia definitiva" (arts. 25.1, 228 y 236 del Código Procesal Penal), como la impugnada oportunamente, con lo cual se impone -como principio- la admisibilidad formal de todas las impugnaciones quedando a la casuística, de corresponder, el análisis de admisibilidad sustancial sobre la verosimilitud de los agravios. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann en minoría)