Sumarios jurisdiccionales

Para que un acto sea considerado como legítima defensa se requiere la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, se refiere a que el medio utilizado debe ser el menos lesivo de entre los que son adecuados (o eficaces) para repeler la agresión. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Encuentro acreditadas los extremos requeridos para la causal de justificación sin que se vislumbren las circunstancias previstas en el art. 35 del C. Penal. Digo esto por cuanto no existió una acción por parte de S. que iniciara como legítima y deviniera luego en ilícita, mas bien su acción defensista de disparar a P. -mas allá del desgraciado resultado- aparece como proporcionada, y por ende enteramente justificada a la luz del contexto de los hechos que se tuvieron por probados. En especial, teniendo en cuenta la concomitancia temporal de la agresión de P. a la niña (que reitero recibió al menos tres disparos en su cuerpo y corrió riesgo de vida según la propia sentencia) y el disparo que P. recibe por parte de S. para neutralizarlo. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Queda más que claro que Murguiondo conocía que en el Club Racing se realizaban actividades en espacios no habilitados. Sin embargo y con conciencia de su omisión no actuó conforme sus deberes legales. Con ello se configura el tipo legal omisivo. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

La asimetría no es sólo física -que también la hay porque B. es mayor y es más grande- sino que es cultural, es de conocimiento, es una asimetría de conocimiento sexual del manejo de la sexualidad; que un adolescente pueda tener sexo no significa que tenga la experiencia para manejarse o hacer saber o prestar su consentimiento máxime con una persona desconocida, mayor y en un lugar desconocido. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Ángel Cardella y la Dra. María Rita Custet Llambí)

Es cierto que el imputado no realizó conductas con fuerza física contra el joven, pero sí realizó conductas de sexo oral sin el consentimiento de A.; porque más allá de cual fue su reacción ante la situación no buscada ni querida (por temor, shock, etc.), de ninguna forma puede considerarse que existió un consentimiento cuando no lo expresó de ninguna forma. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Ángel Cardella y la Dra. María Rita Custet Llambí)

La acción que tenga por objeto el cumplimiento de un deber tiene que estar acotada por la necesidad y la proporcionalidad; en el caso, no se verifican tales límites en la utilización del gas pimienta y en el golpe de puño cuando M. no opuso resistencia alguna (ver STJRNS2 Se. 38/17 “Rosales”). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

En el caso se ha acreditado la violencia obstétrica (art. 5 y 6 de la ley 26,485 y art. 6 inc. e dec. regl. 1011/2010), englobada en la violencia de género la cual surge de los propios hechos acreditados en la causa: desde la ausencia total de información dada a la paciente y sus familiares, pasando por la absoluta falta de consideración de sus deseos y preferencias reproductivas, soslayando sus condición de persona, su dignidad y autonomía, disponiendo de su cuerpo para forzarla a gestar y parir con las consecuencias dañosas que se acreditaron en juicio (entre ellas las secuelas que dejó el hecho en la psiquis de la joven que trasuntaron reiterados episodios graves de autoagresión). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

En el caso resulta claro que la acción esta prescripta, desde que el ingreso al inmueble imputado fue en el año 2013, momento en que, a pesar de los escasos recursos con que contaba, rellenó el sanjón, arregló el camino de ingreso al lugar y construyó una precaria vivienda con palos y nylon la cual habitó por unos tres años aproximadamente, lo que da cuenta de su intensión de ocupar y asentarse en el lugar. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)