Sumarios jurisdiccionales

Es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la fijada en el Fallo “Acosta”, en donde ese alto Tribunal reestableció la validez del estándar del “plazo judicial” para determinar la razonabilidad de la duración de la prisión preventiva. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Dentro de esos plazos legales puede ocurrir que -por las particularidades del caso- durante el tránsito de la etapa del recurso extraordinario (art. 114 primer párrafo in fine CPP) se configure la situación de duración irrazonable de la prisión preventiva por un “no plazo” de privación de la libertad en función del tiempo que se lleva cumpliendo la medida cautelar y el restante hasta cumplirse los requisitos del tercer párrafo del art. 114, siendo deber de la jurisdicción resolver el cese de la prisión preventiva cuando se considere cumplido el plazo judicial máximo permitido por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales en función de que las “resoluciones que impongan una medida... de coerción personal... son revocables o reformables en cualquier estado del procedimiento” (art. 112 primer párrafo CPP)” (nuestro decisorio de fecha 10/8/2020 en “Henríquez C/ Quiroz”). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Es el CPP de Río Negro el que establece los plazos legales máximos de duración del encarcelamiento cautelar sujetos al cumplimiento de requisitos (lo siguiente es sin perjuicio de lo previsto en el art. 219 inc. 1 y ccdtes. del CPP). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

En concordancia con la doctrina del Superior Tribunal, corresponde rechazar el agravio en función de que el criterio seguido por la resolución recurrida coincide a su vez, con el criterio expuesto con anterioridad por el Superior Tribunal de Justicia (SE. STJ 58/16, STJ 20/18) y el Tribunal de Impugnación (Se. TI 61/20). (voto de la Dra. Maria Rita Custet Llambi sin disidencias)

En el presente caso se trata de la revisión de una medida cautelar ordenada en etapa de juicio, y la revisión en esa etapa es expresamente atribuida por la norma citada -art. 113 del CPP- al Foro de Jueces. Resulta claro que el juicio no ha finalizado, en función de que no se ha realizado aun su segunda parte como impone el art. 173 y 174 del código ritual. (voto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet por mayoría)

La decisión del Tribunal de juicio se vincula con el artículo 112 del CPP. El mismo establece como principio legal que, las medidas cautelares son siempre revisables en cualquier estado del proceso por lo cual no hay perjuicio para la parte recurrente; quien si encuentra motivos para pedir la modificación, sustitución o revocación de la medida podrá hacer la petición correspondiente. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Se desecha la impugnación deducida en tanto se ha establecido por doctrina legal la ley aplicable al caso como así la duración de la prisión preventiva que se rige por las pautas establecidas en la norma y el análisis de su razonabilidad. Interpretación que se realizó conforme reciente voluntad legislativa plasmada en la ley 5020. (voto del Juez Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Deben analizarse el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la prisión preventiva y la intensidad/ gravedad de las circunstancias para discernir la modalidad de cumplimiento que pondere, por un lado la suficiencia para asegurar los fines del procedimiento, y por el otro, los derechos y garantías del imputado (que goza del estado de inocencia). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Se advierte ajustado a derecho el análisis y decisión del Juez de revisión pues expuso argumentos serios, concretos y razonados que conforme a la doctrina y jurisprudencia ameritan que se cumpla de la forma dispuesta pues se advierte la ponderación de la totalidad de las circunstancias del caso y el respeto de los principios de razonabilidad de la prisión preventiva, de inexistencia de otra medida menos gravosa y de proporcionalidad. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

La prisión preventiva es la máxima coerción personal que establece el Código y procede cuando no exista otra medida para asegurar la investigación y los fines del proceso. De hecho el art. 109 establece que procede la privación de libertad cuando “las demás medidas cautelares o de coerción personal fueran insuficientes para asegurar los fines del procedimiento”, lo cual concuerda con los principios dispuestos en el art. 7 y 100. En ese marco no es posible generalizar la procedencia o improcedencia para todas las situaciones, por el contrario, el Superior Tribunal de Justicia ha sostenido “la necesidad de analizar en cada caso las circunstancias que permitan inferir tal riesgo de entorpecimiento de la investigación o de elusión de la acción de la justicia, contexto en el que cobra especial significación el mérito que resulta de las constancias del expediente” (STJ 268/16, “Forno”). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)