Sumarios jurisdiccionales

La pena debe ser adecuada a los estándares establecidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal y el establecimiento del punto a imponer no es más que el resultado de una pond eración razonable y también discrecional (aunque no arbitraria) que no se encuentra reglada matemáticamente, por el contrario, encuentra razón en la consideración integral y articulada de los factores enunciados en dichos artículos conforme las reglas de la lógica y la experiencia. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La falta de motivación causa la nulidad de la pena, desde que "es la herramienta que emplea el derecho penal para ejercer su función de control social de carácter formal. Se trata de una temática que exige la máxima prudencia en los jueces y en cuya individualización judicial deben librarse de los prejuicios personales, las simpatías y las emociones y orientar su sentencia exclusivamente atenta, a criterios objetivos de valoración" (STJ sentencia n° 190/06). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La aplicación de la pena ha dejado de ser una decisión sujeta a la discrecionalidad de los jueces, ya que el pedido de pena forma parte del contradictorio (por eso es una garantía), y limita el poder punitivo del Estado, quedando esa decisión bajo control jurisdiccional (artículos 25,222, 228, 230 del CPPRN). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La defensa adujo doble valoración de algunas pautas contenidas en el artículo 41 del CP; sin embargo, el Tribunal de Juicio ponderó de forma correcta la intensidad de los hechos nocturnidad, reiteración de los hechos, conducta precedente y escasa edad de la niña a los fines de discernir el quantum de la pena a imponer. (voto del Dr. Adrián F. Zimmermann sin disidencias)

Se acredita que en el veredicto dado por el Tribunal de Juicio se indicó que N. P. era responsable penal en los términos del artículo 125 párrafo 3ero. del CP –el cual tiene una pena mínima de 10 años— y en la cesura se calificó bajo la figura del apartado 2do. –el cual tiene una pena mínima de 8 años-. La nulidad se peticiona en cuanto el Tribunal de juicio en la deliberación, para la imposición del monto de la pena, partió de un mínimo más elevado.

Abundan razones para sostener que la pena aplicada resulta debidamente justificada y ajustada a derecho sin que el esfuerzo de la defensa logre demostrar la irracionalidad de la pena impuesta. La transcripción de la argumentación expresada por el Tribunal me exime de más comentarios, en función de que demuestra a las claras la ausencia de toda arbitrariedad y su ajuste al principio de legalidad y proporcionalidad de las penas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Los acusadores han considerado el fallo Briones del STJRN, para partir de un punto de equidistante entre el mínimo y máximo de las penas abstractas por el delito que se condena. Interpretación que he de compartir.(voto del Dr. Carlos M. Mussi)

Analizadas las condenas impuestas y sus montos en el marco de las escalas legales aplicables, no advierto perjuicio para el imputado. Ello desde que se ha utilizado el método composicional para la conglobación de la pluralidad de condenas (y sus penas) que se le han impuesto a A. A todo evento, aun considerando la unificación de condenas por los hechos contenidos en los legajos mencionados, la pena única determinada en 17 años no resulta en absoluto arbitraria ni irrazonable. Por el contrario, el monto de la unificación de pena en el caso concreto se advierte como racional y proporcional. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Queda suficientemente motivada la modalidad de la pena de prisión impuesta y -considerando el fallo Squilario de la CSJN- se desecha la posibilidad de la ejecución condicional. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Establecido que el sentenciante valoró un hecho que no existió a los fines de fijar la intensidad de la referida pauta agravante que se utilizó para discernir el quantum punitivo, deviene como lógica consecuencia que si suprimimos ese hecho inexistente y su incidencia en la intensidad de la agravante se afecta en beneficio de los imputados -aun cuando fuera de forma mínima- el guarismo final de la pena impuesta (art. 200 de la Constitución Provincial, art. 18 de la Constitución Nacional). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)