Sumarios jurisdiccionales

La morigeración de la prisión preventiva no procede cuando no se acredita una disminución de los riesgos procesales, pues el mero transcurso del tiempo no basta para neutralizarlos en casos con condena confirmada y pena grave.(Voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi, sin disidencias).

La prisión preventiva puede extenderse hasta el plazo en que el imputado estaría en condiciones de acceder a beneficios como la libertad condicional, sin que ello implique violación del plazo razonable.(Voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi, sin disidencias).

Resulta ajustado a derecho denegar la morigeración de la prisión preventiva cuando el condenado carece de arraigo suficiente y posee medios económicos y apoyo familiar que posibilitarían su fuga ante la expectativa de cumplir una pena elevada. (Voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi, sin disidencias).

La jurisprudencia obligatoria del Superior Tribunal (art. 42 ley 5731) señala que una condena es un indicio de obstaculización de la justicia dada la afectación del ánimo de quien debe esperar en libertad una sentencia que indefectiblemente deberá cumplir en encierro y ello genera efectos a ponderar en la procedencia de la prisión preventiva (STJ Se. 20/2018 y 9/2020).(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja presentada por la Defensa en base a la regla general de que la impugnabilidad objetiva de una decisión judicial estará limitada y condicionada a la existencia de un mecanismo de revisión específico previsto por el legislador. Se desprende de la regulación vigente que las decisiones tomadas durante la etapa de ejecución de la pena podrán tener una única oportunidad de revisión (art. 264 del CPP), que ya se cumplió en el sublite. (voto del Dr. Carlos M. Mussi sin disidencias)

La declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta -circunstancia no observada en el caso-, a la par que las citas de fallos y doctrina no corresponden con las obligatorias para esta jurisdicción; y además destaco que la redacción de la norma atacada es una cuestión de política criminal y de técnica legislativa, con lo cual las penas a perpetuidad no son absurdas. (voto del Dr. Carlos M. Mussi sin disidencias)

La pena establecida para la calificación jurídica del delito en cuestión es una pena que, conforme el artículo referido, es de prisión perpetua. (voto del Dr. Carlos M. Mussi sin disidencias)

La defensa no acredita ningún supuesto de arbitrariedad, que en palabras del Superior Tribunal se configura cuando estamos frente a una sanción cuya motivación se torna excesiva, inhumana, injusta o degradante (STJRN Se. 21/21). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La impugnación contra la pena no demuestra un error judicial, en tanto la expresión de la defensa se sostiene en una disconformidad que no logra indicar el desajuste de la facultad del juez al imponer la sanción de catorce años de prisión contra B. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)