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De la presentación del recurso no surge que la Defensa exprese un agravio de orden constitucional o convencional que pudiera generar nuestra competencia, en atención a lo resuelto recientemente por el Superior Tribunal de Justicia en “De Gaetano” (Se.
De la presentación del recurso no surge que la Defensa exprese un agravio de orden constitucional o convencional que pudiera generar nuestra competencia, en atención a lo resuelto recientemente por el Superior Tribunal de Justicia en “De Gaetano” (Se. STJ 80/23) debido a que los fundamentos expuestos no resultan verosímiles.(voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disisdencias)
La declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de gravedad institucional y última ratio, debiendo agotarse previamente todas las interpretaciones posibles; corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art.
La declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de gravedad institucional y última ratio, debiendo agotarse previamente todas las interpretaciones posibles; corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 42, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)
Es improcedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que la doctrina legal establecida por el Superior Tribunal constituye jurisprudencia obligatoria y no vulnera la independencia judicial ni el principio de juez natural.
Es improcedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que la doctrina legal establecida por el Superior Tribunal constituye jurisprudencia obligatoria y no vulnera la independencia judicial ni el principio de juez natural.(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)
El inicio de la investigación a partir de información obtenida en redes P2P es válido, ya que dichos datos constituyen meras pistas investigativas de acceso público y su incorporación fue posteriormente controlada mediante orden judicial, sin afectación de la garantía constitucional de.
El inicio de la investigación a partir de información obtenida en redes P2P es válido, ya que dichos datos constituyen meras pistas investigativas de acceso público y su incorporación fue posteriormente controlada mediante orden judicial, sin afectación de la garantía constitucional de intimidad.(Voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)
Existe probabilidad de que haya existo el acceso carnal que denuncia la víctima, pero que se tenga por probable no implica -en un Estado Constitucional de Derecho- que se pueda tener por debidamente probado mediante una fundamentación adecuada en la sentencia judicial.
Existe probabilidad de que haya existo el acceso carnal que denuncia la víctima, pero que se tenga por probable no implica -en un Estado Constitucional de Derecho- que se pueda tener por debidamente probado mediante una fundamentación adecuada en la sentencia judicial que se analiza en esta instancia.(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)
Ello a efectos de no colisionar con lo impuesto por la Constitución Nacional (art.
Entiendo que un análisis del artículo 63 del Código Penal vigente al momento de los hechos, bajo el tamiz convencional, en particular en lo relativo a la prescripción de delitos sexuales contra niños, no podría llevar sino a su inaplicabilidad o al menos a su reinterpretación. Ello a efectos de no colisionar con lo impuesto por la Constitución Nacional (art. 16), la Convención de Viena, la Convención de los Derechos del Niños (art. 2, 3, 12 y 19), la Convención Interamericana de Derechos Humanos (art. 5, 8.1, 24 y 25), Convención de Belem do Pará (art. 7) el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las Reglas de Brasilia y la CEDAW. (voto de Dra. María Rita Custet Llambí según su opinión personal)
Esa actuación de ningún modo desprotege las garantías y derechos que operan en el sistema penal constitucional y convencional a favor del persona inculpada;
La normativa internacional, citada por la Fiscalía, establece la obligación en cabeza del Estado (en este caso representada por el Ministerio Público Fiscal) a fin de investigar, perseguir, y llevar a juicio a quienes cometan los delito que la manda trasnacional establece en protección de la mujer y la niña. Esa actuación de ningún modo desprotege las garantías y derechos que operan en el sistema penal constitucional y convencional a favor del persona inculpada; entre otros el derecho de defensa, el debido proceso, el principio de legalidad y de reserva como también la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, los que de ninguna manera pueden ser conculcados (artículos 18 y 22 -constituciones Federal y Provincial-, 9 Convención ADH y 15.1 del Pacto IDCP). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)
Este Tribunal sostiene la constitucionalidad e interpretación del artículo 114 del Código Procesal Penal, en sus sentencias 107/20 y 59/22 y el Superior Tribunal en las sentencia 91/20 y 62/22;
Este Tribunal sostiene la constitucionalidad e interpretación del artículo 114 del Código Procesal Penal, en sus sentencias 107/20 y 59/22 y el Superior Tribunal en las sentencia 91/20 y 62/22; fallos que no están conmovidos por el recurso de revisión. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)
La aplicación del fallo de la Corte SJN pone en crisis nuestro sistema constitucional y legal local, porque su aplicación trae como consecuencia la revisión del artículo 218 de la Constitución de la provincia que establece la titularidad de la acción penal en cabeza del.
La aplicación del fallo de la Corte SJN pone en crisis nuestro sistema constitucional y legal local, porque su aplicación trae como consecuencia la revisión del artículo 218 de la Constitución de la provincia que establece la titularidad de la acción penal en cabeza del MP Fiscal y la disponibilidad de la acción pública como herramienta del sistema procesal local (leyes 4199 y 5020). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella en minoría)
El planteo de inconstitucionalidad del art. 129 del CPP desatiende el art.
El planteo de inconstitucionalidad del art. 129 del CPP desatiende el art. 73 del Código Penal (sustituido por la ley 27.147) cuando dispone: “Asimismo, son acciones privadas las que de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la
La síntesis de ÍTERA Lex no sustituye el texto oficial; verificá contra el portal del PJ Río Negro.