Sumarios jurisdiccionales

Este Tribunal de Impugnación sostiene que el enfoque de género implica un análisis que se asienta en la jerarquía que impone el (los) género(s), que se construye culturalmente sobre las diferencias sexuales, generando desventajas para las mujeres y las personas que no se ajustan a las cis heteronormatividad y que operan produciendo y reproduciendo relaciones de opresión sobre quienes no adscriben a la masculinidad hegemónica y en particular, sobre las mujeres quienes son consideradas inferiores, objetos sexuales, se le asignan roles al servicio de los varones y de la familia, entre otros estereotipos nocivos (Seguel). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Debemos dejar en claro no solo la exigencia de esta mirada a la magistratura, sino también la obligación que tiene el Ministerio Público Fiscal sobre la debida diligencia de la investigación y acopio de evidencias en cada caso y no caer en cierta formalidad mágica de dar todo por supuesto cuando hablamos de investigar y sancionar una conducta bajo la mirada de género a lo que la doctrina llama “formalismo mágico”, la aislada mención normativa de esta política pública porque su simple cita es un riesgo que desincentiva la motivación que deben brindar juezas y jueces (Pou Giménez Francisca. Argumentación Judicial y perspectiva de género. Colección Doctrina Jurídica Contemporánea. En R. C. Juan A. Cruz Parcero. Interpretación y Argumentación Jurídica en México (p. 288). México: Fontamara). (voto conjunto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella)

Estos casos deben ser analizados mediante el enfoque de género. Lo cual implica un análisis que se asienta en la jerarquía que impone el (los) género(s), que se construye culturalmente sobre las diferencias sexuales, generando desventajas para las mujeres y las personas que no se ajustan a las cisheteronormatividad. La jerarquía opera produciendo y reproduciendo relaciones de opresión sobre quienes no adscriben a la masculinidad hegemónica y -en particular- sobre las mujeres quienes son consideradas inferiores, objetos sexuales, se le asignan roles al servicio de los varones y de la familia, entre otros estereotipos nocivos. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes, y la prueba generada sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

En el sublite, para la mayor precisión pretendida por la defensa, existen consecuencias psicológicas de los hechos incriminados por lo que es de insoslayable aplicación a la cuestión la perspectiva de género receptada a nivel legal, constitucional y convencional, como así también en la doctrina legal, como bien señaló el Tribunal de Juicio. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Al efecto de enmarcar la apreciación de la prueba el Tribunal de juicio citó estándares aplicables a los delitos contra las mujeres conforme los precedentes de la Corte Interamericana: “Fernández Ortega vs. México”, 2010; “Caso J.V. C Perú, 2013”, “Caso Espinoza González Vs Perú”, 2014, los precedentes del Superior Tribunal de Justicia: Se. 203/16, 187/17, 276/17 y 67/18, 97/14, como así también las Sentencias del T.I.. Se. 28/19 y 101/19, entre otros. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

De la lectura de la sentencia de condena se advierte que la misma se ha dictado respectando los parámetros establecidos en las normas de orden constitucional y convencional que rigen la materia. En base a lo expuesto anteriormente y teniendo presente que el delito que se juzga encuadra en delitos de género, resulta de aplicación al caso: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, Convención de Belem do Pará, Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", aprobado por la ley 26.171 y la ley n° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Para el caso se ha tenido presente la perspectiva de género, que no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes, y la prueba generada sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Ante los hechos que surgen de esta causa vale recordar que se juzga un delito contra una niña mujer por lo cual resultan de aplicación el plexo internacional de derechos humanos, entre los cuales se destaca la Convención CEDAW, Convención de Belem Do Para, la Convención Americana y la Convención del Derecho del Niño, la jurisprudencia y opiniones consultiva de la Corte Interamericana como otros informes de los órganos internacionales de Derechos Humanos. A su vez la Constitución Nacional, y la Carta provincial en su art. 32, como asimismo la ley 26485, entre otras que imponen la igualdad entre hombres y mujeres lo que importa la obligación del enfoque de género por parte de toda autoridad pública. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí en disidencia)

El análisis se efectuará con perspectiva de género. La interpretación del derecho desde tal perspectiva “exige la contextualización y la actuación conforme al principio pro-persona, que se configura en este ámbito como un criterio hermenéutico que obliga a los órganos judiciales a adoptar interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos, en especial de las víctimas” (Poyatos, Juzgar con perspectiva de género: una metodología vinculante de justicia equitativa).(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí en disidencia)