Sumarios jurisdiccionales

Si bien la parte querellante ha criticado el limite que se autoimpone el magistrado, lo cierto es que ese tribunal ha ponderado la prueba producida en la segunda parte del juicio -cesura-, y en función a ese resultado ha determinado la pena que consideran justa. Es mas, se apartan de la pena pedida por el MPF y llevan la condena a 12 años de prisión, agregando que sin perjuicio del limite al que hacen referencia, la parte querellante no ha acreditado los extremos requerido para tan elevada pretensión punitiva. (voto unipersonal del Dr. Carlos M. Mussi)

A diferencia del instituto de acuerdo pleno que expresamente se dispone ( art. 212 inc. 3 CPP), que la pena acordada no puede superar los 10 años de prisión, en esta especie de procedimiento abreviado -parcial-, se puede llegar a imponer una pena que supere los 10 años de privación de libertad, por cuanto el art. 216 CPP, a este respecto, no impone límite alguno, aunque naturalmente esta identificación del monto punitivo debe surgir producto de la petición que realizaran las acusaciones y las pruebas que aporten en la instancia de cesura. (voto unipersonal del Dr. Carlos M. Mussi)

La audiencia de control justamente es el momento idóneo para cuestionar la autenticidad y la pertinencia de las evidencias. A su vez, y tal como refiere la fiscalía los dibujos fueron analizados como elemento de contexto, lo cual es adecuado a la amplitud probatoria que impone la ley 26.485.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La impugnación analizada es manifiestamente improcedente porque el planteo introducido no puede ser analizado en esta instancia y, además, sobre el trámite y fundamentos de las resoluciones impugnadas no se advierte ni se demuestra en concreto una afectación de garantías constitucionales y/o convencionales, ni un efectivo perjuicio para la parte.(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La inadmisibilidad resuelta por la Jueza del Foro de la Tercera Circunscripción Judicial es la solución que se ajusta a nuestros precedentes “Gatica 12/2020” y “Prevención/Gigante” 59/2020 en función de que tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva, en tanto la queja presentada no reúne los requisitos de objetividad y subjetividad que exige el ritual (artículo 222 CPP) o la manifiesta violación de garantías constitucionales y convencionales. Tampoco se exponen y acreditan agravios que evidencien una cuestión atendible en los términos del artículo 242 del Código Procesal. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Frente a ello -al contexto de violencia de género acreditado en el caso- corresponde en nuestro control un enfoque diferenciado de acuerdo a la Convención de Belem Do Pará, CEDAW, leyes 26.485, 27449, 4650, 5410 y doctrina de la Corte Interamericana como directrices sobre la temática de organismos internacionales de derechos humanos (TIP Se. 73/19, 99/19 y 101/19 entre muchas otras). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

En nuestro sistema probatorio penal local se establece la regla de la libertad probatoria, que se rige por la admisión, pertinencia y relevancia de la evidencia. Esa admisibilidad de la prueba se refirió al objeto de la investigación y resultó útil para el caso. El ofrecimiento y evaluación de las pruebas fueron debatidas por las partes en la audiencia de control y luego admitidas (artículos 165/167 del CPPRN). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Cuando la jurisdicción está en presencia de una retractación de una víctima en el marco de violencia de género se permite la incorporación de la información por otros medios. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Se advierte con claridad que la judicatura se ha limitado a la función que el código le otorga en orden a control de legalidad. En efecto, la interpretación que realiza la jueza de juicio es la adecuada porque los hechos objeto del pretenso juicio abreviado fueron cometidos el 12 de febrero de 2022 y el 16 de abril de 2022, es decir, antes del plazo previsto en el art. 27 del CP (la sentencia condenatoria anterior databa de fecha 28 de mayo de 2019). En consecuencia, se ha garantizado el doble conforme y no se verifica arbitrariedad alguna.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Tal como sostiene el Juez revisor, no existe impugnabilidad objetiva y la parte -mas allá de su postura subjetiva respecto de la interpretación que debe darse al art. 27 del CP- no ha presentado agravios que puedan enmarcarse en el art. 242 del Código Procesal Penal y habiliten la intervención de este Tribunal.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)