Sumarios jurisdiccionales

El recurso de queja no puede prosperar conforme a la regla general de que la impugnabilidad objetiva de una decisión judicial está limitada y condicionada a la existencia de un mecanismo de revisión específico previsto por el legislador. De la regulación vigente se desprende que las decisiones tomadas durante la etapa de ejecución de pena podrán tener una única oportunidad de revisión (art. 264 del CPP), que ya se cumplió en el caso.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La decisión de la Jueza de Ejecución que resuelva la petición de prisión domiciliaria del condenado debe contener fundamentos basados en informes médico, psicológico y social que la justifiquen. Y este requisito se observa inmutable desde la sanción de la ley 24660. (voto del Dr. Adrián F. Zimmermann sin disidencias)

La persona que cumpla su pena de forma domiciliaria deberá someterse y cumplir el régimen de autorresponsabilidad que disponga el/la Juez/a, y en esa excepcional modalidad -que se mantendrá mientras se acredite que continúan las circunstancias fácticas que la motivaron- tendrá -en función de las particularidades del caso- avances, mantenimiento y/o retrocesos sobre el cumplimiento de las directivas que se le fijen en base a los informes de los Organismos que deban intervenir. (voto del Dr. Adrián F. Zimmemann)

Tenemos presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la reincidencia puede declararse en etapa de ejecución y que justamente el Código Procesal Penal de la Nación, establece previo a ello un proceso contradictorio (Fallos “Mayo”, 2015 y Fallos: 341:562). (voto conjunto Dra. María Rita Custet Llambí y Dres. Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Ángel Cardella)

A partir de referido acuerdo arribado los agravios que pueda desarrollar la defensa, como dice la Fiscal, son exorbitante del caso, y no son mas que una critica abstracta del tratamiento que las personas privadas de su libertad que tienen en el régimen penitenciario, que en todo caso tendrán que ser tratadas ante el juzgado de ejecución que supervise el cumplimiento de la pena del imputado. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

En el presente la instancia de control prevista es una sola: la contemplada en el art. 228 y 233 del Código (la defensa recurrió -por mediar un auto procesal importante en etapa de ejecución de pena- la resolución del Tribunal de revisión y la misma fue confirmada por el Tribunal de Impugnación agotando las vías recursivas y, por ende, la posibilidad de suspensión. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Estamos ante un planteo de cambio de modalidad de ejecución pena que fuera confirmada por el tribunal revisor que, a su vez, ha garantizado el doble conforme de la misma en los términos del art- 233 del CPP mediante una resolución cuya arbitrariedad no alcanza a ser demostrada en la presentación efectuada lo que obstruye a su vez la posibilidad de encausar excepcionalmente la misma en el marco del un recurso ordinario de revisión por aplicación de alguno de los supuestos del art. 242 del CPP. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Luego de analizar el planteo formulado -impugnación de la denegación de la propuesta de prisión domiciliaria-, además de los antecedentes del legajo, se advierte que la resolución del juez de ejecución ha sido revisada por un tribunal del foro local de la cuarta circunscripción conforme lo establece el art. 264 del CPP, y que la decisión de ese tribunal ha sido ajustada a las normas que se deben aplicar al caso, además los fundamentos de los magistrados surgen lógicos y fundados. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Superar los 60 años de edad no conlleva directamente al encuadramiento de la situación del condenado en ninguno de los supuestos de situaciones sanitarias previstas en el art. 32 de la Ley 24.660 -anterior artículo 33- ni en el art. 10 del Código Penal, en tanto y en cuanto no se acredite que las condiciones de alojamiento no permiten un tratamiento (léase aislamiento preventivo en este caso) adecuado ante la Pandemia COVID 19 (art. 33 ley citada y art. 10 inc. a contrario sensu Código Penal) (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Respecto de la participación de la víctima en los incidentes de prisión domiciliaria se ha dicho, en lo que aquí resulta pertinente, que la ley de orden público 27372 “entre otros derechos y garantías que se confiere a las personas víctimas de delitos, dispone específicamente para los procesos de ejecución el derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o juez competente cuando se sustancia cualquier planteo en el que se pueda decidir, entre otras cuestiones, la incorporación de la persona condenada al régimen de prisión domiciliaria (cf. art. 12, letra “d”, ley 27372). Se advierte entonces que a partir de la sanción de esta ley se le ha dado un grado mayor de protagonismo de la víctima ahora dentro de los procesos de ejecución, donde hasta entonces tenía incluso vedada legalmente su participación como parte querellante.” (extracto del voto del Hornos Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV “C., G. A. s/ recurso de casación” Fecha: 10 de mayo de 2018.) (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)