Sumarios jurisdiccionales

Corresponde rechazar la impugnación y la petición de declarar la inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Penal, en tanto la parte no realiza una clara demostración concluyente de la contrariedad sustancial de la norma atacada con los preceptos de la Constitución Nacional y/o Tratados Internacionales que se dicen vulnerados. Es decir, un verdadero choque de las normas impugnadas con los preceptos constitucionales (“Pache” del 2014 y “Goye” del 2015, según nuestro Superior Tribunal de Justicia), careciendo su desarrollo de la necesaria precisión, siendo la presentación una mera enunciación de la supuesta normativa afectada (Ver “Fiscalía Municipal de Villa Regina” del 2000 también de nuestro máximo tribunal local). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Expresa el Superior Tribunal que el testimonio de la víctima es la prueba fundamental, luego -y no menos importante- que debe ser analizado integralmente, y asimismo, que por sí solo no alcanza para dar por acreditado el hecho por cuanto tiene que ser corroborado por otros indicios y pruebas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Las obligaciones asumidas por el Estado se armonizan con los derechos y garantías constitucionales y convencionales que operan a favor del imputado (derecho de defensa, debido proceso, principio de legalidad y reserva, prohibición de aplicación retroactiva de la ley), como surge de la doctrina legal del Superior Tribunal, y no debe desconocerse su ajuste al derecho público ni desprotejer derechos y garantías, como son, entre otros que el proceso penal se resuelva en un plazo razonable evitando aplicar el principio de legalidad (Gelli, Ma. Angélica. Constitución de la Nación Argentina, páginas 220/221. La Ley. CABA 2001).(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Nos encontramos con un testimonio que encuentra en la prueba rendida insuficiente corroboración en sus extremos fundamentales que puedan darle sustento para despejar toda duda razonable. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La interpretación que reclama la fiscalía -sobre el art. 63 de Código Penal vigente al momento de los hechos- no implicaría -a mi criterio- irretroactividad de la ley penal, ni violación al debido proceso, ni afectación al plazo razonable desde que las personas imputadas quedarían vinculadas al proceso -con las afectaciones que ello importa- y bajo las debidas garantías, desde la denuncia y en adelante. (voto de Dra. María Rita Custet Llambí según su opinión personal)

Vale remarcar que los mecanismos defensivos de silenciamiento en muchos casos resultan reactivos al secreto impuesto por el/la agresor/a, por lo que se lo beneficia (mientras corre la prescripción) en orden a la impunidad que le garantiza su propio accionar delictual. En consecuencia, el reclamo a la prescripción de la acción que se pretende para impedir el proceso judicial no es el ejercicio legítimo de un derecho, sino por el contrario, un liso y llano abuso del derecho. (voto de Dra. María Rita Custet Llambí según su opinión personal)

Sabido es que las agresiones sexuales se dan en un marco de intimidad y que muchas veces las víctimas no suelen denunciar o hablar al respecto, pero ello no impide -y por el contrario, se impone conforme la amplitud probatoria (ley 26485)- que la corroboración del testimonio se realice por pruebas que sostengan el relato integral de la denunciante. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Ante el relato que impresiona sentido y la probabilidad cierta de que los hechos efectivamente hubieran ocurrido como los menciona la señora O., se erige el cuadro probatorio descripto que genera una duda razonable que no ha sido despejada en forma suficiente en la fundamentación de la sentencia analizada. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Las personas con algún padecimiento mental, en este caso adultas mayores con avanzada edad, se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad y suelen ser víctimas de abuso sexual, lo cual requiere una debida diligencia reforzada en la investigación. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Reiteradamente he sostenido que resulta discriminatorio exigir exámenes mentales a las mujeres que denuncian violencias sexuales cuando nada hace sospechar de su capacidad mental (mi voto en Sentencia N° 246/22 y Sentencia N° 82/23), pero lo cierto es que a diferencia de los casos que vemos diariamente, en este caso en particular había indicios que llevaban a la probabilidad de confusión, alucinaciones y/o delirios en función del deterioro cognitivo de la denunciante. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)