Sumarios jurisdiccionales

La valoración que realiza el voto de la mayoría es la establecida por el artículo 188 del CPPRN que indica que la decisión debe ser fundada apreciando las pruebas de un modo integral, según las reglas de la sana crítica, con fundamentación razonada y legal (artículo 200 CRN). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

El quantum de la sanción fue impuesto por el Tribunal juzgador en función de la audiencia correspondiente (artículos 173 y 174 del CPP) y las peticiones de las partes y de la valoración de las circunstancias objetivas y subjetivas, tanto favorables como desfavorables. Así se determinó que la pena revisada no era excesiva o injusta (cf. STJRNS2 Se. 34/23). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Al absolver por el beneficio de la duda el razonamiento que ha seguido el tribunal juzgador es el siguiente: parte de la tesis de la fiscalía y al confrontarla con la prueba de cargo el resultado al que arriba es que no hay prueba suficiente para dar por acreditado el hecho. Ello conforme las proposiciones que integran la plataforma acusatoria. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Si bien la sentencia no resulta clara por cuanto no refiere - como resulta esperable de una adecuada argumentación jurídica- la totalidad de la información relevante brindada en debate; a la vez que lleva a confusión porque entre sus argumentos expresa afirmaciones por las cuales pareciera que tiene por comprobada la tesis de la legítima defensa; lo cierto es que de la lectura de la parte resolutiva, surge claro que la legítima defensa no fue el argumento fundamental para desligar de culpa y cargo a C. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Se advierte que la tarea defensista pretende fundar la arbitrariedad de la sentencia mediante una crítica, que si bien esforzada, resulta insuficiente por sesgada y fragmentada. No se logra demostrar la absurda valoración de la prueba y/o el arbitrario o ilógico razonamiento del Tribunal. Por el contrario, la sentencia es el resultado de una adecuada valoración integral y contextual de la información producida. En consecuencia, las impugnaciones de la defensa deben ser rechazadas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El Tribunal juzgador explica el modo de valoración a través de una mirada de género con citas en sentencias y legislación -sobre el cual no existe un agravio-, vinculando la declaración de la víctima con las otras pruebas que corroboran los hechos que surgen de sus dichos. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Es el propio acusado quien se coloca en el lugar del hecho y confirma su convivencia -concurrencia de elementos objetivo y subjetivo que no fueron negados-. De tal modo el juzgador solo tuvo ante sí, en función de la prueba producida, establecer si el caso presentado por la acusación se acreditaba más allá de toda duda razonable y así fue de acuerdo a su valoración que no fue cuestionada en el agravio. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Se advierte sin mayor esfuerzo que no se demuestra arbitrariedad en las decisiones de los magistrados intervinientes en tanto sus resoluciones se ajustan a las previsiones normativas, y es insuficiente para rebatir lo anterior la alegada fundamentación de apartarse de lo resuelto en el foro local, pues bien destacó el Magistrado con funciones de revisión que nos encontramos ante un caso de una elevada calificación legal y la resolución tomada por la jueza de garantías responde a la necesidad de neutralizar cualquier riesgo para el proceso. (voto del Dr. Carlos M. Mussi sin disidencias)

La eventual diferencia en un par de días sobre la fecha de ingreso es irrelevante en función de que ningún planteo fáctico ni jurídico se basó en esa supuesta discrepancia en las fechas, máxime cuando la hipótesis de cargo cuenta con indicios que le confieren convicción y no se ha demostrado la arbitrariedad de la sentencia en el punto. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia descartó la figura del art. 34 inc. 3 del Código Penal esgrimiendo como principal razón de que no se acreditó el peligro inminente. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)