Sumarios jurisdiccionales

Cabe concluir que la Defensa pone de manifiesto su discrepancia subjetiva con la solución adoptada, estrategia argumental que no satisface la exigencia de exponer una crítica prolija de la sentencia impugnada rebatiendo todos los fundamentos en que se apoya el Tribunal de Juicio para arribar a las conclusiones que lo agravian. (voto del Dr. Adrián F. Zimmermann sin disidencias)

La propia defensa reconoció que no requirió la caducidad previamente a que la fiscalía requiriera la prórroga, por lo cual resulta aplicable lo sostenido por este Tribunal de Impugnación. (TI Se. 186/20 con cita a Se. 116/19). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

En su resolución el juez sostuvo que, respecto de la in/admisibilidad de las cámaras Gesell, las mismas resultaban procedentes por cuanto en principio la defensa no podía alegar en su favor la revictimización de las niñas (conforme fallo STJ 82/2015) y les asistía el derecho niñas (conforme fallo STJ 82/2015) y les asistía el derecho a ser oídas, ello -aclaró- sin perjuicio del análisis de la admisibilidad y/o la valoración que en etapas posteriores se realizada (ya sea en etapa de control o en etapa de juicio). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Considero que le asiste razón al juez revisor las cuestiones traídas por la defensa no revisten un problema de validez de prueba sino de valoración probatoria. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La validez de las cámaras Gesell -en tanto anticipo jurisdiccional de prueba- depende de que se reúnan los requisitos legales para su realización. En el caso concreto, tales requisitos son los establecidos por el artículo 150 y 151 del CPP y han sido cumplidos y en el acto ha tenido intervención la defensa. Los planteos traídos por la impugnante -si bien declaman- no demuestran violación a garantías y derechos constitucionales del imputado que determinen la nulidad de las cámaras Gesell en los términos de los art. 85 y 86 del CPP. Ello en tanto las cámaras Gesell fueron correctamente admitidas y realizadas a efectos de escuchar una declaración ampliatoria de la originalmente brindada por las niñas (máxime cuando queda claro que las mismas han sido realizadas a los efectos de escuchar a las niñas en los términos del art. 3 y 12 CDN y leyes 4109 y 26061). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La defensa sostiene que se ha violado el principio de congruencia y contradicción cuando sostiene que el juez revisor agregó un nuevo argumento al referir que el retraso en la fijación de audiencia no era atribuible al querellante, pero tal agravio carece de sustento por cuanto la defensa no ha demostrado cual es el yerro en tal afirmación y cuáles son las defensas se ha visto privado de oponer ante la mención de tal situación fáctica que, además de los restantes fundamentos dados por el juez y por este Tribunal precedentemente, resulta incontrovertible. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El pretenso recurrente no ha acreditado la constitución en querellante que exige el art. 129 del Código Procesal, por lo cual carece de legitimación a los efectos requeridos -conversión de la acción pública en privada-, lo cual obsta ab initio el tratamiento de la cuestión planteada, por lo que corresponde rechazar in limine la presentación efectuada (Se. TI 198/22 y Se. STJ 3/23) (voto conjunto de la Dra. María Rita Custet Llambí y los Dres. Carlos M. Mussi y Adrián F. Zimmermann)

La defensa requiere nulidad del juicio abreviado y absolución lo cual como señaló la fiscalía en este estadio procesal es improcedente por lo cual la petición se rechaza conforme los argumentos brindados. Asimismo corresponde no hacer lugar al pedido de cesantía del Fiscal en función de su improponibilidad ante este Tribunal. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)

La defensa no presentó ninguna prueba tendiente a demostrar alguna tendiente a demostrar alguna discapacidad social-intelectual del imputado para comprender la situación procesal en que se intelectual del imputado para comprender la situación procesal en que se encontraba en el caso concreto. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)

Con relación al planteo de la caducidad del plazo, tal como indica el art. 77 del CPP, no se ha efectivizado en el caso concreto por cuanto el plazo de tres años se “suspende por todo acto o decisión que impida poner al proceso en su faz dinámica”. En este caso ha quedado acreditado que tal como indica la fiscalía, las partes acordaron suspender el proceso y así lo der el proceso y así lo solicitaron al juez en audiencia de fecha 12 de diciembre de 2022. Tal suspensión opera en el marco del art. 69 inc. 7 CPP Con relación al planteo de la caducidad del plazo, tal como indica el art. 77 del CPP. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)