Sumarios jurisdiccionales

La medida cautelar se encuentra fundada en el avance procesal que implica la confirmación -aunque no firme- de la hipótesis de la acusación mediante una sentencia que condena a una grave pena de prisión. Así se constituye en un elemento que afecta “el ánimo de quien espera la firmeza de una condena” y ello genera efectos a ponderar la procedencia de la prisión preventiva (“Naumovich”-STJ-2020). (voto del Dr. Carlos M. Mussi sin disidencias)

El juez ha realizado un control razonado del plantel probatorio y ha sido posible constatar que la conclusión relativa a la materialidad del acto ilícito y a la responsabilidad del imputado se encuentran consolidada con el grado de certeza normativa que los principios propios de la tarea de reconstrucción del suceso objeto de la sentencia imponen al juzgador. (voto del Dr. Carlos M. Mussi sin disidencias)

La pena impuesta posee adecuada fundamentación, por surgir la misma del juicio de la pena, y resulta debidamente fundada, lo que permite seguir el razonamiento que los jueces de ese foro han considerado por individualizar la sanción penal para G. (voto unipersonal del Dr. Carlos M. Mussi)

En atención que la sentencia funda adecuadamente la condena en los dichos de la niña y en los testimonios que lo corroboran en sus aspectos sustanciales, corresponde rechazar la impugnación de la defensa y confirmar la sentencia analizada.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Si bien la parte querellante ha criticado el limite que se autoimpone el magistrado, lo cierto es que ese tribunal ha ponderado la prueba producida en la segunda parte del juicio -cesura-, y en función a ese resultado ha determinado la pena que consideran justa. Es mas, se apartan de la pena pedida por el MPF y llevan la condena a 12 años de prisión, agregando que sin perjuicio del limite al que hacen referencia, la parte querellante no ha acreditado los extremos requerido para tan elevada pretensión punitiva. (voto unipersonal del Dr. Carlos M. Mussi)

A diferencia del instituto de acuerdo pleno que expresamente se dispone ( art. 212 inc. 3 CPP), que la pena acordada no puede superar los 10 años de prisión, en esta especie de procedimiento abreviado -parcial-, se puede llegar a imponer una pena que supere los 10 años de privación de libertad, por cuanto el art. 216 CPP, a este respecto, no impone límite alguno, aunque naturalmente esta identificación del monto punitivo debe surgir producto de la petición que realizaran las acusaciones y las pruebas que aporten en la instancia de cesura. (voto unipersonal del Dr. Carlos M. Mussi)

La audiencia de control justamente es el momento idóneo para cuestionar la autenticidad y la pertinencia de las evidencias. A su vez, y tal como refiere la fiscalía los dibujos fueron analizados como elemento de contexto, lo cual es adecuado a la amplitud probatoria que impone la ley 26.485.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La impugnación analizada es manifiestamente improcedente porque el planteo introducido no puede ser analizado en esta instancia y, además, sobre el trámite y fundamentos de las resoluciones impugnadas no se advierte ni se demuestra en concreto una afectación de garantías constitucionales y/o convencionales, ni un efectivo perjuicio para la parte.(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La inadmisibilidad resuelta por la Jueza del Foro de la Tercera Circunscripción Judicial es la solución que se ajusta a nuestros precedentes “Gatica 12/2020” y “Prevención/Gigante” 59/2020 en función de que tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva, en tanto la queja presentada no reúne los requisitos de objetividad y subjetividad que exige el ritual (artículo 222 CPP) o la manifiesta violación de garantías constitucionales y convencionales. Tampoco se exponen y acreditan agravios que evidencien una cuestión atendible en los términos del artículo 242 del Código Procesal. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Frente a ello -al contexto de violencia de género acreditado en el caso- corresponde en nuestro control un enfoque diferenciado de acuerdo a la Convención de Belem Do Pará, CEDAW, leyes 26.485, 27449, 4650, 5410 y doctrina de la Corte Interamericana como directrices sobre la temática de organismos internacionales de derechos humanos (TIP Se. 73/19, 99/19 y 101/19 entre muchas otras). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)