Sumarios jurisdiccionales

Analizada la audiencia de cesura, se desconocen cuáles fueron las circunstancias contextuales en las que el hecho acaeció (mas allá de lo expresamente reconocido por el imputado al asumir la responsabilidad del hecho). Por lo expuesto, corresponde anular el juicio de pena precedente, deviniendo en consecuencia, abstractos los restantes planteos de la defensa en esta instancia en función de lo resuelto previamente. Ello sin que lo aquí resuelto implique opinión alguna sobre el quantum de pena a imponer y/o la extensión del daño causado y/o la ponderación de atenuantes y/o demás agravantes y/o el fin resocializador de la pena en el caso concreto, lo que eventualmente deberá analizarse con la restante prueba a rendirse en la nueva cesura (art. 18 CN, 7, 10, 85, 86, 174, 216, 225, 240 y 241 CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)

En el caso de juicios parciales abreviados, todas las circunstancias de realización del hecho no reconocidas por el imputado deben ser ventiladas y contradichas en el juicio de cesura respectivo a los efectos de asegurar un debido proceso que legitime la imposición de pena, especialmente en cuanto se alejen del mínimo legal. Es en este tramo del juicio en la cual deben acreditarse todas las circunstancias que hacen a las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del código penal, muy especialmente -reitero- en los juicios abreviados parciales, por cuanto en este tipo de proceso las y los jueces no han podido conocer -a diferencia de lo que sucede en los juicios plenos- las circunstancias de contexto y de índole objetiva que han rodeado al hecho. Si bien tales circunstancias no necesariamente deben estar contempladas en el facto reprochado, deben ser evidenciadas en el juicio sobre la pena para que la defensa pueda contradecirlas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)

El a quo sigue la doctrina “Brione” del STJ, es decir, comienza la ponderación de las pautas en el punto medio equidistante de la escala penal en abstracto, este es: más de 30 años de prisión. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

Las agravantes y atenuantes para la imposición de la pena no se cuentan sino que se pesan; es decir, cada caso es único en el conjunto de circunstancias y contexto del hecho de condena y del universo de particularidades de víctima y victimario. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

La Defensa pone de manifiesto su discrepancia subjetiva con la solución adoptada, estrategia argumental que no satisface la exigencia de exponer una crítica de la sentencia impugnada rebatiendo todos los fundamentos en que se apoya el Tribunal de Juicio para arribar a las conclusiones que lo agravian. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

La aplicación de la sanción debe tener en cuenta la magnitud del daño (la gravedad del injusto), en este caso concreto, rompe el principio de mínima intervención penal cuando estamos frente a un autor primario y genera la aplicación del principio de proporcionalidad entre el injusto culpable y la pena de decomiso. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

El decomiso, para este caso, no es brindar ningún ejemplo (que la ley penal no establece –la inquisición llevaba el infractor a la plaza pública para que el pueblo presenciara el castigo a la persona con el fin de generar el miedo colectivo-). En este caso G. además de aceptar un juicio abreviado acordó una pena importante de prisión (en suspenso) y realizó un ofrecimiento de reparación voluntaria del daño causado como una salida pacificadora y no punitiva, que le fue rechazado. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

La pena de inhabilitación impuesta también fue debidamente motivada (págs. 56/57) sin que las discrepancias subjetivas del impugnante resulten eficientes para demostrar error, absurdidad o arbitrariedad; es decir, no son atacadas de forma concreta y motivadas y así quedan sin rebatir. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Ya en un posterior análisis se deben evaluar las pautas de mensura objetivas y subjetivas establecidas en el Art. 41 del Código Penal, en el marco de las particularidades del delito investigado y los alcances que el mismo ha tenido como asimismo el grado de responsabilidad que se ha determinado del imputado. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi)

La primera limitación a la labor jurisdiccional de determinación legal de la pena estatal, se encuentra impuesta por la escala penal fijada en abstracto por el legislador nacional. En este caso concreto, la conducta del causante encuadra en la figura de homicidio simple en un hecho y homicidio grado de ttva. Sobre otra porción de los hechos enrostrados en concurso real, en calidad de autor (Art. 45, 42, 55 y 79 del C.P.). (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi)