Sumarios jurisdiccionales

La prisión preventiva es la máxima coerción personal que establece el Código y procede cuando no exista otra medida para asegurar la investigación y los fines del proceso. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La procedencia de la prisión preventiva y su modalidad de ejecución, dependerá del análisis puntual que realice la judicatura sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas requeridas para asegurar la investigación y los fines del proceso, análisis que deberá procurar la menor afectación de derechos del imputado. Para el caso el tribunal ha fundado lógicamente la decisión y no se advierten los agravios desarrollados por la defensa. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La medida cautelar impuesta se presenta como correctamente fundada, más aún en el estadio procesal del trámite en razón de los riesgos procesales merituados por el Tribunal de Juicio, y tampoco se acredita ninguna lesión constitucional y/o convencional (artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos) en función del artículo 114 del CPP. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la fijada en el Fallo “Acosta”, en donde ese alto Tribunal reestableció la validez del estándar del “plazo judicial” para determinar la razonabilidad de la duración de la prisión preventiva. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Dentro de esos plazos legales puede ocurrir que -por las particularidades del caso- durante el tránsito de la etapa del recurso extraordinario (art. 114 primer párrafo in fine CPP) se configure la situación de duración irrazonable de la prisión preventiva por un “no plazo” de privación de la libertad en función del tiempo que se lleva cumpliendo la medida cautelar y el restante hasta cumplirse los requisitos del tercer párrafo del art. 114, siendo deber de la jurisdicción resolver el cese de la prisión preventiva cuando se considere cumplido el plazo judicial máximo permitido por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales en función de que las “resoluciones que impongan una medida... de coerción personal... son revocables o reformables en cualquier estado del procedimiento” (art. 112 primer párrafo CPP)” (nuestro decisorio de fecha 10/8/2020 en “Henríquez C/ Quiroz”). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Es el CPP de Río Negro el que establece los plazos legales máximos de duración del encarcelamiento cautelar sujetos al cumplimiento de requisitos (lo siguiente es sin perjuicio de lo previsto en el art. 219 inc. 1 y ccdtes. del CPP). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)