Sumarios jurisdiccionales

La declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de máxima gravedad en el sistema judicial, al cual se debe recurrir solamente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada, conforme doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

La medida cautelar impuesta se presenta como correctamente fundada, más aún en el estadio procesal del trámite en razón de los riesgos procesales merituados por el Tribunal de Juicio, y tampoco se acredita ninguna lesión constitucional y/o convencional (artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos) en función del artículo 114 del CPP. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la fijada en el Fallo “Acosta”, en donde ese alto Tribunal reestableció la validez del estándar del “plazo judicial” para determinar la razonabilidad de la duración de la prisión preventiva. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Dentro de esos plazos legales puede ocurrir que -por las particularidades del caso- durante el tránsito de la etapa del recurso extraordinario (art. 114 primer párrafo in fine CPP) se configure la situación de duración irrazonable de la prisión preventiva por un “no plazo” de privación de la libertad en función del tiempo que se lleva cumpliendo la medida cautelar y el restante hasta cumplirse los requisitos del tercer párrafo del art. 114, siendo deber de la jurisdicción resolver el cese de la prisión preventiva cuando se considere cumplido el plazo judicial máximo permitido por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales en función de que las “resoluciones que impongan una medida... de coerción personal... son revocables o reformables en cualquier estado del procedimiento” (art. 112 primer párrafo CPP)” (nuestro decisorio de fecha 10/8/2020 en “Henríquez C/ Quiroz”). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Es el CPP de Río Negro el que establece los plazos legales máximos de duración del encarcelamiento cautelar sujetos al cumplimiento de requisitos (lo siguiente es sin perjuicio de lo previsto en el art. 219 inc. 1 y ccdtes. del CPP). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Resulta razonable el monto de pena impuesta teniendo como referencia que resultaba aplicable una escala cuyo mínimo es 10 años y su máximo 25 años de prisión. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La crítica que realiza la Defensa resulta una reiteración de la posición que expusiera en sus alegatos en debate y su interpretación de las constancias de la causa no demuestran mas que una discrepancia subjetiva de la ponderación que ha realizado el tribunal de la prueba rendida, pero carecen de rigor suficiente para desvirtuar el meduloso análisis que realiza la sentencia. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La acusación y consecuente condena sólo será posible si el imputado sabe, concretamente, de qué debe defenderse, en tanto es la descripción circunstanciada la que permite negar todos o algunos de los elementos de la imputación, o bien incorporar otros, con el fin de evitar o aminorar las posibles consecuencias jurídico-penales. (voto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann y Carlos Mohamed Mussi en mayoría)

Tampoco ha existido en el caso vencimiento de plazo de la etapa. Esto último en función de que la misma se encontraba precluida desde el momento en que la Fiscalía solicitó la audiencia de control de acusación con fecha 30 de mayo de 2019 y ya se ha sostenido que dicho pedido obtura toda posibilidad de requerir la caducidad de la etapa preparatoria por cuanto no ha quedado controvertido que el pedido de audiencia lo realizó la Fiscalía con anterioridad, no solo al vencimiento del plazo, sino también antes de que la defensa planteara la caducidad del mismo (en cc. Durazno 71/19 del STJ, 71/19 del TI).” (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí en minoría)

La plataforma fáctica de condena incurrió en una violación del principio de congruencia, porque el simple cotejo de las plataformas fácticas antes reseñadas permite advertir que existe una diferencia sustancial entre el hecho por el cual se formularon cargos, se dictó el auto de apertura a juicio, se acusó en los alegatos de apertura y cierre del juicio oral y el hecho por el que se condenó. (voto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann y Carlos Mohamed Mussi en mayoría)