Sumarios jurisdiccionales

Atento a los delitos reprochados -art. 248 y 260 del CP- y las respectivas penas que prevén en abstracto en función del plazo de prescripción para éstas, la prescripción de la acción penal operó a los dos años desde que corresponde computar su plazo. (voto del Dr. Adirán Fernando Zimmermann sin disidencias)

En cuanto a su fundamentación, la sentencia del Tribunal de Juicio presenta una notoria arbitrariedad, ello en torno a la contradicción entre sus argumentos teóricos y las pruebas que se produjeron en el juicio, esa contradicción se traduce en la interpretación parcial que de ellas hizo el Tribunal, lo que consecuentemente confluye en un argumentación deficiente respecto de los motivos que fundan la decisión absolutoria. (voto del Dr. Guillermo Bustamante -en carácter de subrogante- sin disidencias)

La cesura es un juicio sobre la pena, en donde un Tribunal dicta una sentencia fijando la condena y su modalidad de cumplimiento (como resultado del contradictorio a consecuencia de que nadie puede ser “penado” sin juicio previo -artículos 18 Constitución Nacional, 22 de la Constitución de la provincia y 173 y 174 del CPPRN-). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

Se dispone la nulidad de la sentencia porque el imputado no conto con la suficiente información para decidir la conveniencia o no de juicio abreviado relativo a la pena que negociaba y a tal fin se dispone su reenvío de este caso a la Oficina Judicial para la realización de un nuevo juicio sobre la pena (artículos 191, 216, 240 y 241 del CPP).(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

El Tribunal de juicio aplicó un criterio sin decir que la pretensión procesal dictaminada por la Fiscalía cumplía o no con los requisitos legales (artículo 212 del CPP), y ello genera un agravio en la defensa material de B.(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

La importancia de la decisión (que podría obstar otra instancia recursiva) sumado a los principios y derechos sustanciales como mujer vulnerable (la Jueza Piccinini, in re STJRNS2 Se. 111/20 Ley 5020 “Chavez”, ha sido elocuente en la normativa local, constitucional y convencional que la ampara; en igual sentido también ver STJRNS2 Se. 10/22 Ley 5020 “H.”), tornan procedente la impugnación, y en consecuencia, correspondería disponer la nulidad de la resolución de fecha 22/02/2022 mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria deducido por la Defensa Oficial. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Esa fundamentación, tanto sobre la conducencia de la información como sobre la procedencia de la reapertura de la investigación, no puede reposar en una pura subjetividad del MPF, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso y la verosimilitud de dicha información, todo evaluado en una visión en conjunto, debidamente armonizadas todas las evidencias, para evitar una ponderación aislada y fragmentaria que conspire contra las reglas de la sana crítica racional. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

La doctrina legal (art. 42, ley 5190) del precedente STJRNS2 Se. 94/14 "Brione" (supra citada y reiterada en muchos otros fallos) dispone que el Juez debe partir de la mitad de la escala (incluso ante la ausencia de antecedentes del imputado y sin perjuicio de que el Tribunal de Juicio pueda apartarse de dicha doctrina -conf. STJRNS2 Se. 22/21 Ley 5020 “G. M.”-). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Entre las medidas pertinentes y especiales para avanzar con la investigación se encuentra el riguroso cumplimiento de los plazos procesales y, de ser necesario, pedir una prórroga de manera tempestiva, para el supuesto de que no fuera suficiente y aún restaran diligencias que efectuar, para lo que deberá fundamentar adecuadamente tanto su pedido como, en el caso del superior jerárquico, su eventual y temporánea concesión (STJRNS2 Se. 71/19 Ley 5020 “Durazno”). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

El Ministerio Público Fiscal también custodia y representa los derechos de la víctima y por eso la normativa impone a los operadores del sistema de persecución penal que estén atentos y sean diligentes en la defensa de esos derechos, por lo que no caben dudas de que el Ministerio Público Fiscal debe obrar de modo diligente al conducir la investigación, debiendo adoptar todas las medidas pertinentes, adecuadas al género, edad, etc., en el menor tiempo posible, y que le permitan dar mayor celeridad y atención al proceso (STJRNS2 Se. 71/19 Ley 5020 “Durazno”). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)