Sumarios jurisdiccionales

En el caso de delitos sexuales la racionalidad jurídica implica necesariamente incluir la perspectiva de género y considerar las experiencias diferenciadas -que en razón de su género- afectan a las mujeres, de manera de garantizar la imparcialidad descartando el sesgo de género que el androcentrismo ha impuesto históricamente a la creación de las normas, a la interpretación de los hechos y el derecho y a aplicación de este último (TI Se. 46/22). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El control de autenticidad de esa evidencia -capturas de pantalla- debió realizarse en el control de acusación. Todo ello, en especial en un sistema que prevé el control ex ante de la autenticidad y legalidad de la prueba y que impone el requisito de autenticación como una condición previa aprevia a la admisibilidad. Este requisito se satisface con la presentación de evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona proponente sostiene que es a en cuestión es lo que la persona proponente sostiene que es (ver Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, Ed. Situm en cc. con el art. 167 , Ed. Situm en cc. con el art. 167 anteúltimo párrafo CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El análisis de la prueba, por un lado, debe ser contextual de manera que el hecho que se juzga pueda apreciarse en el marco de circunstancias fácticas anteriores concurrentes y posteriores y sin dejar de considerar las relaciones genéricas, jerárquicas y vinculares entre las partes. Por otro lado, debe propiciarse un análisis conglobado de las pruebas que exponga conclusiones racionales derivadas de inferencias del conjunto -sin fragmentación de los elementos aportados- con elevada fuerza inductiva. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El auto procesal fue controlado. Así, la decisión que se impugna importó el cumplimiento de una instancia revisora amplia de una resolución tomada en la etapa de ejecución a fin de garantizar el doble conforme. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Tiene dicho este TI que al momento de individualizar las penas y en un posterior análisis se deben evaluar las pautas de mensura objetivas y subjetivas establecidas en el Art. 41 del Código Penal, en el marco de las particularidades del delito investigado y los alcances que el mismo ha tenido como asimismo el grado de responsabilidad que se ha determinado del imputado. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

En el marco descripto por el MPF se tiene acreditado con el grado de certeza que requiere el dictado de una sentencia de condena, la presencia de las víctimas y el encartado en el lugar de los hechos, en base a los elementos probatorios colectados, resultando fundamentales los testimonios de las propias víctimas, y el modo en que los trasladaron férreamente, a su amiga y compañeras de escuela y luego a sus padres. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La competencia de este Tribunal de Impugnación se encuentra establecida en los arts. 25, 27 primer párrafo in fine y 242 del código ritual, atento a la cual tiene facultades para el control ordinario de las sentencias absolutorias y condenatorias y la que impongan una medida de seguridad, por los motivos que autoriza el código a cada parte; y de forma excepcional como Tribunal intermedio para acceder al STJRN. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

Este Tribunal de Impugnación carece de competencia para conocer en la impugnación deducida en el sublite por lo que corresponde ordenar el reenvío del legajo a la Oficina Judicial de la IVta Circunscripción Judicial a los fines del control horizontal por otro Tribunal de revisión (art. 264, CPP) -con diferente integración- por entender que es la revisión ordinaria propia de su especialidad y competencia funcional conforme lo previó el legislador. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

El planteo en base a que no se puedo probar que el arma haya sido apta para el disparo o estuviera cargada no supera la interpretación subjetiva del recurrente pues establecida la aplicación de la antes citada doctrina del STJRN (in re “Araya”) esas circunstancias son intrascendentes para aquilatar la intensidad del mayor poder intimidatorio de la acción realizada con el instrumento. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

El factum de acusación fue siempre el mismo, circunstancia que descarta el agravio de acusación alternativa. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)