Sumarios jurisdiccionales

Advierto sólo una simple reedición de lo argumentado en el alegato de clausura del juicio, lo que fue analizado y desechado en la sentencia, y la Defensa no demuestra error, arbitrariedad ni absurdidad de lo sostenido por el Tribunal de Juicio. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

La recurrente, tampoco acredita que estemos frente a una cuestión definitiva que habilite la instancia ante este Tribunal (requisitos de objetividad y subjetividad que exige el ritual en su artículo 222 CPP o la manifiesta violación de garantías constitucionales y convencionales).

Analizado el recurso éste no puede prosperar porque la inadmisibilidad resuelta se ajusta a nuestros precedentes “Gatica” 12/2020, “Prevención/Gigante” 59/2020 en función de que tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva.

El agravio -imprecisión del hecho- demuestra solo una disconformidad subjetiva con la descripción fáctica que no puede ser considerado de tal relevancia para afectar el derecho de defensa. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Tratados los agravios de la parte impugnante, pese a que se afirman afectaciones constitucionales, la defensa no ha demostrado prima facie que la resolución del Tribunal incurriera en algún supuesto arbitrariedad, en razón de que los agravios carecen de verosimilitud al desatender los concretos fundamentos que han desarrollado desde el Tribunal de juicio y ser una reedición de los planteos ya realizados en la instancias de los alegatos de cierre del debate. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La defensa no se ha opuesto en la audiencia de control de acusación a ninguna de las pruebas documentales que aportó la acusación. Sumado a ello la Fiscalía ha acreditado los actos posesorios mediante la testimonial de vecinos, también del agrimensor que habían contratado para hacer la subdivisión, además de los remitos de pago de una vivienda prefabricada, y el pago de las boletas de la luz. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Ante la contundencia de la prueba rendida y la ausencia de los presupuestos que impone el art. 34 del Código Penal, deviene la imposibilidad de aplicar el atenuante del art. 35 del mismo cuerpo (exceso en la legitima defensa) y la sentencia debe confirmarse. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

En el caso de delitos sexuales la racionalidad jurídica implica necesariamente incluir la perspectiva de género y considerar las experiencias diferenciadas -que en razón de su género y edad- afectan a las mujeres, de manera de garantizar afectan a las mujeres, la imparcialidad descartando el sesgo de género que el androcentrismo y el adultrocentrismo ha impuesto históricamente en la creación de las normas, en la interpretación de los hechos y el derecho y en la aplicación de este último (conf. TI Se 232/21, TI Se. 2/22). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Además de lo excepcional de incorporar prueba en esta instancia, la parte no ha logrado acreditar su vinculación con los hechos que pretende probar como tampoco la conducencia de que con el resto del plantel de pruebas aportados por esa parte puede de algún modo cambiar el resultado del razonamiento de la jueza de juicio. Por estos motivos corresponde rechazar la prueba solicita.

Analizado el recurso a la luz de lo resuelto por el Juez revisor, éste no puede prosperar porque la inadmisibilidad resuelta se ajusta a nuestros precedentes “Gatica” 12/2020, “Prevención/Gigante” 59/2020 en función de que, tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi por la mayoría)