Sumarios jurisdiccionales

La Defensa pone de manifiesto su discrepancia subjetiva con la solución adoptada, estrategia argumental que no satisface la exigencia de exponer una crítica de la sentencia impugnada rebatiendo todos los fundamentos en que se apoya el Tribunal de Juicio para arribar a las conclusiones que lo agravian. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja presentada por el imputado ejerciendo su propia Defensa de acuerdo con la doctrina vigente que estableció este Tribunal (TI Se. 51/21 “Paez”) en concordancia con la doctrina del STJ: Las resoluciones -no sentencias definitivas- que confirman lo decidido carecen de impugnabilidad objetiva a los fines de la competencia funcional del Tribunal de Impugnación pues son irrecurribles. Y ante eventual impugnación, es facultad de este Tribunal de Impugnación, del STJRN y de la CSJN decidir que "el caso en concreto" encuadra en una situación excepcional. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Del análisis de los fundamentos del magistrado, se puede seguir el razonamiento que lo ha llevado a determinar la pena en 11 años de prisión, y demuestra que el señor defensor no se encuentra conforme con la decisión, pero no pudo demostrar en que punto la resolución era arbitraria, o se ha apartado de los parámetros establecidos ya sea por el STJ o este tribunal. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi)

Corresponde anular la sentencia y disponer su reenvío a la Oficina Judicial (artículos 200 de la Constitución provincial y 191, 240 y 241 del CPP), desde que se acredita el agravio que presenta el MP Fiscal, en cuanto a que la solución a su planteo es la aplicación del precedente “Chavero” STJ-Sentencia 166/2021del 7/12/2021. (constituye jurisprudencia obligatoria, artículo 42 ley 5190-). (voto conjunto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi, Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Ángel Cardella)

La cuestión de solicitud de traslado para renovar el carnet de conducir se ha resuelto conforme las previsiones normativas, entre las cuales no se advierte -ni la parte indica- una autorización para un trámite administrativo como el mencionado, el cual puede realizarlo sin mayor perjuicio por el interesado en oportunidad de recobrar su libertad. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Los agravios son una reiteración de los ya esgrimidos y tratados de modo suficiente, remitiéndome a los fundamentos del a quo en honor a la brevedad, pues la defensa no demuestra la existencia de un error en el análisis ni la configuración del supuesto previsto en el inc. 2° del art. 242 del Código Procesal Penal (arbitrariedad), en tanto su recurso solo exhibe una mera discrepancia con lo decidido. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

No puede interpretarse que la prisión preventiva en domicilio procede solo y exclusivamente en esos casos enunciados por cuanto toda interpretación restrictiva en orden a las libertades personales se encuentra vedada (art. 9 y 15 ). Entonces, cabe señalar que el art. 110 inc. 4 del CPP de ninguna manera establece taxativamente los supuestos que habilitan la prisión preventiva con modalidad domiciliaria. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La prisión preventiva es la máxima coerción personal que establece el Código y procede cuando no exista otra medida para asegurar la investigación y los fines del proceso. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Le asiste razón al MPF cuando dice que tal modalidad en domicilio no opera como regla. Así, una vez que la prisión preventiva ha sido admitida su cumplimiento por naturaleza es en un complejo penal, y el cambio de modalidad deviene excepcional y obedece a criterios particularísimos, entre los que se puede mencionar que el tratamiento que el imputado deba realizarse no pueda ser cumplido en el complejo penal. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 76 bis del CP, desde que esta excepcional herramienta de control convencional solamente se podrá aplicar para aquellos casos que la norma cuestionada genere una solución incompatible con los principios y derechos que establece la Constitución Nacional, dado que la concesión del beneficio de la SJP en nada impide que el querellante pueda iniciar las acciones que estime corresponder para obtener -en caso de corresponder-, una reparación plena. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)