Sumarios jurisdiccionales

Este Tribunal de Impugnación, metodológicamente –en casos de violencia sexual contra una mujer-, comienza por el testimonio de la víctima por cuanto, como sostiene la Corte IDH, “…Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (Fernández Ortega c. México). –TI en Rivera 28-12-21-. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Debe destacarse como punto de partida que mal podría obviarse que en esta especie de sucesos, la presencia de testigos es genéricamente improbable, razón por la cual los relato de la presuntas damnificadas es imprescindible para, previa confrontación con el resto del plantel probatorio e indicios incorporados, establecer la verosimilitud de tal acontecer. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

El juicio de razonabilidad que efectúe el tribunal tiene que atender a la ponderación de la oferta de reparación, respecto de la existencia y extensión del supuesto daño, las pretensiones de la víctima y las reales posibilidades de pago del imputado, que permita determinar su sincera intención de superar el conflicto por él suscitado. Al respecto, dable es recordar que la víctima puede no solo pretender dinero y que la reparación no puede solo ser satisfecha con el eventual reconocimiento reparatorio que en sede civil pueda obtener la querellante. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

A pesar de la dificultad que presentan la recopilación de pruebas en este tipo de procesos, mas aún teniendo en consideración en el plano de intimidad que se suelen generar, en la presente investigación existen sobrados elementos para vincular la conducta endilgada al imputado P. del modo que ha sido realizado por la sentencia en crisis. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La competencia de este Tribunal de Impugnación -en principio- es la revisión de la sentencia (definitiva), esto es, la decisión jurisdiccional absolutoria, condenatoria o que impone una medida de seguridad (artículos 25, 228 y ccdtes. del CPP; Acordada 25/17-STJ). (TI Se. 45/21 “Cisterna”, entre otros). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja presentada por la Defensa de acuerdo con la doctrina vigente que estableció este Tribunal (TI Se. 51/21 “Paez”) en concordancia con la doctrina del STJ: Las resoluciones -no sentencias definitivas- que confirman lo decidido carecen de impugnabilidad objetiva a los fines de la competencia funcional del Tribunal de Impugnación pues son irrecurribles. Y ante eventual impugnación, es facultad de este Tribunal de Impugnación, del STJRN y de la CSJN decidir que "el caso en concreto" encuadra en una situación excepcional. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

La clara finalidad del art. 58 del Código Penal ante la pluralidad de condenas por hechos acaecidos en un marco temporal acotado pero juzgados en distintos procesos, es evitar penas crueles. A su vez, asegurar el principio de igualdad entre quienes son juzgados por diversos hechos en un mismo proceso respecto de quienes son juzgados en distintos procesos, asegurando a ambos la aplicación de las reglas del concurso (art. 55 CP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La relación debe analizarse entre "injusto y pena", y no entre la pena del decomiso y la escala de la pena de prisión, o el grado de consumación del ilícito y su impacto en ella. Siendo la magnitud del injusto la propiedad relevante en relación a la que debe efectuarse el análisis sobre la proporcionalidad del decomiso; en este caso, por las características del hecho de condena en contexto con la realidad de la finalidad de los caños tubing, conlleva que la decisión del Juez de Juicio resultó ajustada a derecho, proporcional y razonable. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

En lo atinente a la afectación al principio de congruencia, se debe recordar que en tanto el mismo integra el derecho al debido proceso, un planteo como el articulado debe ser analizado a la luz de la doctrina que dimana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la cual el recurrente debe demostrar el real alcance de su agravio. En el caso, la acusación ha sostenido la misma plataforma de acusación y en consecuencia el planteo requiere para su procedencia la demostración del perjuicio, es decir, que efectivamente se haya ocasionado una lesión al derecho invocado (Fallos: 304:1564, entre otros). (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Es erróneo considerar que la pauta o propiedad relevante para la evaluación de la razonabilidad o proporcionalidad -que es un criterio o estándar de apreciación inevitablemente relacional- es la pena de prisión impuesta, pues lo que debe relacionarse son las características del hecho, la relevancia instrumental del vehículo utilizado para llevarlo a cabo, y el valor en sí mismos y funcional de los bienes que fueron objeto del intento de apropiación (aún cuando por las circunstancias de quedar en grado de tentativa no se haya causado mayor perjuicio económico concreto); esto último, aludiendo al valor de la finalidad en base al contexto en que son utilizados (antes referido). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)