Sumarios jurisdiccionales

Lo expuesto es suficiente para declarar la nulidad de la sentencia de condena y del debate oral precedente en cuanto corresponde hacer parcialmente lugar a la impugnación de la Defensa solo en la porción en que aborda la agravante de la calificación jurídica encuadrada en el inc. f) del cuarto párrafo del art. 119 del Código Penal y, en consecuencia, de la pena impuesta por cuanto se afecta la escala penal en abstracto (mínimo y máximo) de la pena de prisión. (voto del Dr. Adrián F. Zimmermann en minoría)

Corresponde revocar el tramo del fallo que establece que la calificación en la agravante establecida en el inc. f) del cuarto párrafo del artículo 119 del Código Penal. De tal modo se condena a L. R., como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (artículos 45 y 119 tercer párrafo del Código Penal), al estar acreditadas las circunstancias del primer párrafo de la norma citada por el acceso por vía vaginal. Atento su consecuencia en la escala penal aplicada en la pena se hace necesario realizar una nueva audiencia sobre la imposición de la pena (idéntico criterio de este Tribunal en Cerda Chiaradía- 199/2022). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella y de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Advertimos que la esforzada defensa presenta una mirada diferente de cómo deben meritarse las circunstancias que el tribunal considera como agravantes pero no alcanza a demostrar la arbitrariedad en la ponderación de las mismas por cuanto los agravantes resultan más que suficientes para la elevación considerable de la pena por sobre el mínimo legal de acuerdo a la doctrina legal vigente (STJ, “Brione”). (voto conjunto de la Dra. María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi por sus fundamentos)

Analizada la audiencia de cesura, se desconocen cuáles fueron las circunstancias contextuales en las que el hecho acaeció (mas allá de lo expresamente reconocido por el imputado al asumir la responsabilidad del hecho). Por lo expuesto, corresponde anular el juicio de pena precedente, deviniendo en consecuencia, abstractos los restantes planteos de la defensa en esta instancia en función de lo resuelto previamente. Ello sin que lo aquí resuelto implique opinión alguna sobre el quantum de pena a imponer y/o la extensión del daño causado y/o la ponderación de atenuantes y/o demás agravantes y/o el fin resocializador de la pena en el caso concreto, lo que eventualmente deberá analizarse con la restante prueba a rendirse en la nueva cesura (art. 18 CN, 7, 10, 85, 86, 174, 216, 225, 240 y 241 CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)

Las agravantes y atenuantes para la imposición de la pena no se cuentan sino que se pesan; es decir, cada caso es único en el conjunto de circunstancias y contexto del hecho de condena y del universo de particularidades de víctima y victimario. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

Ya en un posterior análisis se deben evaluar las pautas de mensura objetivas y subjetivas establecidas en el Art. 41 del Código Penal, en el marco de las particularidades del delito investigado y los alcances que el mismo ha tenido como asimismo el grado de responsabilidad que se ha determinado del imputado. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi)

La primera limitación a la labor jurisdiccional de determinación legal de la pena estatal, se encuentra impuesta por la escala penal fijada en abstracto por el legislador nacional. En este caso concreto, la conducta del causante encuadra en la figura de homicidio simple en un hecho y homicidio grado de ttva. Sobre otra porción de los hechos enrostrados en concurso real, en calidad de autor (Art. 45, 42, 55 y 79 del C.P.). (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi)

La acusación sostuvo expresamente que en los términos de los arts. 40 y 41 del CP deben valorarse los comportamientos por los cuales se declaró la culpabilidad. Y esto no es otra cosa que la ponderación de la intensidad de las pautas de mensuración.(voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

En el caso concreto se ponderó que la figura de corrupción de menores se encuentra triplemente agravada: por ser la víctima menor de trece años; por haber mediado amenazas y resultar el imputado conviviente. A su vez, no soslayó el Tribunal que la corrupción de menores concurre idealmente con las restantes de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravadas, por ser la víctima menor de 18 años y por haber aprovechado el imputado la convivencia preexistente con la misma (arts. 125 2do y 3er párrafo y 119 2do. y 4to. párrafo, inc. f). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Podemos observar como el juzgador indica cuál es la normativa que tuvo en cuenta realizando una valoración sobre los atenuantes y agravantes donde destaca el daño sufrido por la víctima, por los testimonios familiares sobre su cambio hasta datos surgidos en la audiencia respecto a que O. adoptó un personalidad sumisa que la llevó a naturalizar las agresiones sufridas. El fallo acepta la propuesta de pena solicitada por el MP Fiscal, sin que la defensa demostrara que ese monto resulta arbitrario frente a lo acreditado en juicio. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)