Sumarios jurisdiccionales

Analizado el recurso éste no puede prosperar porque la inadmisibilidad resuelta se ajusta a nuestros precedentes “Gatica” 12/2020, “Prevención/Gigante” 59/2020 en función de que tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Es cierto que Romero exaltado por un problema anterior fue a molestar a la vivienda de Rodríguez, pero a los fines de aplicar esta causa de justificación -legítima defensa- que aniquile la antijuridicidad de la conducta del imputado, no solo tiene que existir una agresión ilegitima, teniendo que ser actual, poner en riesgo un bien jurídico tutelado -propio o de terceros. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi

Para que un acto sea considerado como legítima defensa se requiere la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, se refiere a que el medio utilizado debe ser el menos lesivo de entre los que son adecuados (o eficaces) para repeler la agresión. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

El Superior Tribunal de Justicia, mediante la Acordada 15/2019 ha establecido la intervención de los jueces con independencia de las funciones a cumplir, en tanto sigue el criterio secuencial de asignación de competencia y para ello atiende al (in)cumplimiento de etapas procesales. (voto conjunto de los Jueces María Rita Custet Llambí, Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

La prescripción de la acción penal como causal extintiva resulta ser de orden público, opera de pleno derecho y debe, por tanto, ser declarada de oficio. Corre de modo independiente para cada delito, aun cuando estos concursen entre sí; de allí que el monto de la pena conminada sea el de cada uno de ellos y se produce de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente (Fallos 275:241 y 305:1236, citados en el precedente "Reggi" de la CSJN, cf. STJRNS2 Se. 125/15 "Araya"). (voto del Dr. Adirán Fernando Zimmermann sin disidencias)

Atento a los delitos reprochados -art. 248 y 260 del CP- y las respectivas penas que prevén en abstracto en función del plazo de prescripción para éstas, la prescripción de la acción penal operó a los dos años desde que corresponde computar su plazo. (voto del Dr. Adirán Fernando Zimmermann sin disidencias)

En cuanto a su fundamentación, la sentencia del Tribunal de Juicio presenta una notoria arbitrariedad, ello en torno a la contradicción entre sus argumentos teóricos y las pruebas que se produjeron en el juicio, esa contradicción se traduce en la interpretación parcial que de ellas hizo el Tribunal, lo que consecuentemente confluye en un argumentación deficiente respecto de los motivos que fundan la decisión absolutoria. (voto del Dr. Guillermo Bustamante -en carácter de subrogante- sin disidencias)

La cesura es un juicio sobre la pena, en donde un Tribunal dicta una sentencia fijando la condena y su modalidad de cumplimiento (como resultado del contradictorio a consecuencia de que nadie puede ser “penado” sin juicio previo -artículos 18 Constitución Nacional, 22 de la Constitución de la provincia y 173 y 174 del CPPRN-). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

Se dispone la nulidad de la sentencia porque el imputado no conto con la suficiente información para decidir la conveniencia o no de juicio abreviado relativo a la pena que negociaba y a tal fin se dispone su reenvío de este caso a la Oficina Judicial para la realización de un nuevo juicio sobre la pena (artículos 191, 216, 240 y 241 del CPP).(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

El Tribunal de juicio aplicó un criterio sin decir que la pretensión procesal dictaminada por la Fiscalía cumplía o no con los requisitos legales (artículo 212 del CPP), y ello genera un agravio en la defensa material de B.(voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)