Sumarios jurisdiccionales

La fiscalía reitera los agravios vertidos en la anterior instancia, pero no logra demostrar la arbitrariedad de la sentencia en los términos del art. 231 del ritual. Para ello se tiene presente que la arbitrariedad se verifica cuando la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, entre otros). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia ha explicitado razones sobre la racionalidad del medio empleado y la necesidad de la conducta en una estructura argumentativa que la impugnante no desvirtúa en su impugnación. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia del Tribunal de Impugnación que se impugna ha sostenido correctamente que el medio defensivo no es el instrumento empleado sino “la conducta defensiva usada”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Analizada la audiencia de cesura, se desconocen cuáles fueron las circunstancias contextuales en las que el hecho acaeció (mas allá de lo expresamente reconocido por el imputado al asumir la responsabilidad del hecho). Por lo expuesto, corresponde anular el juicio de pena precedente, deviniendo en consecuencia, abstractos los restantes planteos de la defensa en esta instancia en función de lo resuelto previamente. Ello sin que lo aquí resuelto implique opinión alguna sobre el quantum de pena a imponer y/o la extensión del daño causado y/o la ponderación de atenuantes y/o demás agravantes y/o el fin resocializador de la pena en el caso concreto, lo que eventualmente deberá analizarse con la restante prueba a rendirse en la nueva cesura (art. 18 CN, 7, 10, 85, 86, 174, 216, 225, 240 y 241 CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)

En el caso de juicios parciales abreviados, todas las circunstancias de realización del hecho no reconocidas por el imputado deben ser ventiladas y contradichas en el juicio de cesura respectivo a los efectos de asegurar un debido proceso que legitime la imposición de pena, especialmente en cuanto se alejen del mínimo legal. Es en este tramo del juicio en la cual deben acreditarse todas las circunstancias que hacen a las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del código penal, muy especialmente -reitero- en los juicios abreviados parciales, por cuanto en este tipo de proceso las y los jueces no han podido conocer -a diferencia de lo que sucede en los juicios plenos- las circunstancias de contexto y de índole objetiva que han rodeado al hecho. Si bien tales circunstancias no necesariamente deben estar contempladas en el facto reprochado, deben ser evidenciadas en el juicio sobre la pena para que la defensa pueda contradecirlas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí)

El a quo sigue la doctrina “Brione” del STJ, es decir, comienza la ponderación de las pautas en el punto medio equidistante de la escala penal en abstracto, este es: más de 30 años de prisión. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)

Los motivos en los cuales sustenta la recusación son cuestiones atinentes al avance y desarrollo del proceso sin que se demuestre ni advierta “dudas razonables acerca de su imparcialidad frente al caso”, máxime cuando nada se demuestra sobre eventuales impugnaciones -contra las decisiones de la Jueza de primera instancia- y resoluciones de Juez/a revisor/a. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Recuerdo que este tipo de delito se comete en soledad, “entre cuatro paredes”, donde generalmente -como en este caso- no hay otros testigos presenciales ademas de la víctima. De allí que, como es sabido, se valoran el conjunto de indicios que dan contexto y acreditan la versión de la víctima en la mayor cantidad de circunstancias posibles anteriores, concomitantes y/o consecuentes del hecho ilícito. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

La competencia de este Tribunal de Impugnación -en principio- es la revisión de la sentencia (definitiva), esto es, la decisión jurisdiccional absolutoria, condenatoria o que impone una medida de seguridad (TI Se. 45/21 “Cisterna”). A la competencia revisora se añaden las resoluciones que, aun sin tener tales calidades, ameriten la interposición del un recurso extraordinario federal (art. 242 inc. 2° CPP) por implicar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior (cf. doctrina de la CSJN). Tales requisitos excepcionales no se verifican en autos puesto que solo tiene como consecuencia la continuidad del proceso (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Las agravantes y atenuantes para la imposición de la pena no se cuentan sino que se pesan; es decir, cada caso es único en el conjunto de circunstancias y contexto del hecho de condena y del universo de particularidades de víctima y victimario. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann)