Sumarios jurisdiccionales

Advierto que con la resolución del doctor Marcelo Chironi, en cuanto resolvió confirmar la decisión de mantener la modalidad de la prisión preventiva como domiciliaria establecida por el juez de Garantías, se cumplió con el doble conforme. De tal forma esa decisión no puede considerarse como un supuesto de posible afectación de derechos constitucionales del MPF y del Querellante por el que corresponda la interposición del recurso extraordinario federal, siendo insuficiente tachar de arbitraria la resolución del juez revisor ya que el mismo ha dado fundamentos que ratifican lo resuelto por el a quo que en definitiva resolvió mantener la privación de la libertad controlada, no advirtiéndose así verosimilitud de los agravios en función del estado de inocencia constitucional. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Analizado los recursos a la luz de lo resuelto por el Juez revisor, éstos no pueden prosperar porque la inadmisibilidad resuelta se ajusta a nuestros precedentes “Gatica” 12/2020, “Prevención/Gigante” 59/2020 en función de que, tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite tercer instancia recursiva. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Cabe concluir que la Defensa pone de manifiesto su discrepancia subjetiva con la solución adoptada, estrategia argumental que no satisface la exigencia de exponer una crítica prolija de la sentencia impugnada rebatiendo todos los fundamentos en que se apoya el Tribunal de Juicio para arribar a las conclusiones que lo agravian. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

La sentencia ha dado razones del motivo por el cual recorta los hechos objeto de la acusación, y la Fiscalia no consigue demostrar los vicios jurídicos que alega, toda vez que no se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los razonados y completos argumentos en los cuales se sustentó la decisión impugnada. En definitiva, consideramos que la resolución impugnada se encuentra razonablemente sustentada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

En el caso no aparece ninguna prueba que verifique la conducta de instigación o ayuda, entendida como una actividad necesaria con el pleno conocimiento de esa intervención. Ese convencer o ayudar a otro para que se provoque su propia muerte no aparece probado (certeza positiva) en la conducta de B. M. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

El análisis de estos casos deben hacerse desde el marco legal protectivo establecido en la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, consagrada por nuestra Constitución, el cual no solamente se encuentra aprobada por la ley 26.171, y sino también por la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Pero en el caso además, la niña tenía 4 años de edad y corresponde aún mas, aplicar el plus protectorio por esa condiciones de niña y mujer, lo que correctamente ha realizado el tribunal. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Queda suficientemente motivada la modalidad de la pena de prisión impuesta y -considerando el fallo Squilario de la CSJN- se desecha la posibilidad de la ejecución condicional. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Adelanto que -conforme fundamentos que se expondrán infra- no se hará lugar a la impugnación del MPF en lo atinente a la culpabilidad. De esta forma queda establecida la calificación jurídica impuesta por el a quo -abuso sexual simple agravado por tratarse de víctimas menores de 18 años y por la convivencia preexistente-, por lo tanto, la pena pretendida por el MPF en los alegatos de cierre de la segunda etapa del juicio oral (art. 174, CPP) de cinco años de prisión es insuficiente para abastecer el requisito de legitimación previsto en el art. 235 inc. 3 del CPP pues la pena aplicada (de tres años de prisión) no fue inferior a la mitad de la pena pretendida. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La norma penal sanciona a la persona que “instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese consumado”. Es decir que M. debió instigar o ayudar a que M. C. se suicidara. Aquí aparece otro déficit en la formulación del agravio presentado al no haber una descripción de la acción de la persona acusada. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La parte, tiene un déficit en la formulación de su pretensión al no indicar (a través de pruebas presentadas en el juicio), cómo M. a través de esa violencia instigó o ayudó a que se cometiera el hecho. Es decir, presentar una argumentación sostenida en pruebas sobre qué actividades llevó adelante que la sentencia no valoró. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)