Sumarios jurisdiccionales

En esta revisión, con el correspondiente ajuste del monto de la penal, el fallo aparece motivado y da cuenta de los principios de humanidad y proporcionalidad de la pena y las características de los hechos que explicó según la escala penal final al aplicar como un concurso de delitos. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Se acredita que en el veredicto dado por el Tribunal de Juicio se indicó que N. P. era responsable penal en los términos del artículo 125 párrafo 3ero. del CP –el cual tiene una pena mínima de 10 años— y en la cesura se calificó bajo la figura del apartado 2do. –el cual tiene una pena mínima de 8 años-. La nulidad se peticiona en cuanto el Tribunal de juicio en la deliberación, para la imposición del monto de la pena, partió de un mínimo más elevado.

Este Tribunal, metodológicamente –en casos de violencia sexual contra una mujer-, comienza por el testimonio de la víctima por cuanto, como sostiene la Corte IDH, “resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (“Fernández Ortega c. México”– TI en “Rivera” Sent. de fecha 28-12-21). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La defensa expresa una opinión personal, esto es su modo de ver la declaración de la menor, pero en ningún momento evidencia la existencia de un error judicial en el fallo con relación a la valoración del testimonio principal ni a su acople con los testimonios dados en la sala de juicio. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

El modo de ingresar el testimonio de menores se encuentra debidamente reglado en el art. 150 del CPP.

A pesar de la dificultad que presentan la recopilación de pruebas en este tipo de procesos, mas aún teniendo en consideración en el plano de intimidad que se suelen generar, en la presente investigación existen sobrados elementos, como los ha podido vincular el magistrado para vincular la conducta endilgada al imputado. (voto del Dr. Carlos M. Mussi sin disidencias)

El bien jurídico protegido por el art. 181 del Código Penal no solo es la posesión, sino que también lo es la tenencia y, además, el ejercicio de un derecho real constituido sobre el inmueble objeto de despojo. En el caso concreto, no cabe duda de que el despojo afecta el ejercicio del domino por parte de la víctima por cuanto es sabido que el mismo se ejerce a través de la posesión (arts. 1891, 1942 CCyC) (este Tribunal en “Battisti” 201/2022). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Se corrobora que la persona condenada tiene el pleno conocimiento de que el predio es ajeno y le priva a otros de la posesión o la tenencia del bien inmueble, todo lo que confirma la conducta de usurpar por parte de la imputada al no existir un justificativo de su presencia en el predio. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Lo dicho en la Cámara Gesell tiene correlato y es confirmado en un análisis circular y conglobado de la prueba con aquello que surgió al momento del develamiento. A su vez, tal como ha sostenido la sentencia, nada conlleva a la sospecha de una falsa denuncia concertada entre la progenitora de la niña y los abuelos paternos para perjudicar al imputado. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La ausencia de indicadores o traumas no descarta la ocurrencia de los hechos endilgados, máxime cuando ello tuvo su explicación. Por la edad de la niña ha quedado acreditado que no fueron percibidos como fuera de la norma, aunque los mismos desde la mirada adulta tengan clara connotación sexual. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)