Sumarios jurisdiccionales

El principio de razonabilidad repele toda arbitrariedad de las autoridades estatales y exige que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la nuda voluntad de las autoridades. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Es importante no confundir “La relación precisa y circunstanciada del hecho que se le atribuye” a los imputados (159 inc. 2, CPP) con la explicación de la acusación y la proporción de los fundamentos (art. 163 primer párrafo in fine, CPP) (conf. TI Se. 276/19 "Ventura" y STJRNS2 Se. 32/20 Ley 5020 "Ventura"). (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

En la figura de administración fraudulenta existen dos tipos delictivos: el del abuso y el de quebrantamiento de fidelidad. La acción abusiva, que sería la del caso de autos -consistente en haber pagado por adelantado a la empresa determinada cantidad de construcción de viviendas- se da cuando el autor, violando sus deberes disponga patrimonialmente, u obligue con exceso, al titular de los intereses patrimoniales que se le han confiado, extremos que -al existir sólo un pago por adelantado y crédito reconocido- no tiene por probados la acusación, dado que el accionar de los imputados aparece más como una administración negligente que dolosa. No advertimos reproche más allá de una desacertada gestión de negocios que descarta la tipicidad del delito en cuestión. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Se desprende la importancia de que la intimación contenga un relato detallado del hecho que se endilga al imputado, exigencia que está expresamente contenida en el art. 130 del Código Procesal Penal, que fija los requisitos formales a los que debe ajustarse el acto procesal puesto en crisis -formulación de cargos-. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

En defensa de la vigencia y validez plena de los principios y garantías fundamentales que informan el proceso penal conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente y los derechos y tratados internacionales incorporados expresamente al texto de nuestra Carta Magna a partir de la reforma de 1994, no es posible otra solución que declarar la nulidad de las formulaciones de cargos realizadas en los legajos donde impugnó la Defensa, y como consecuencia ineludible de tal decisión, también la nulidad de todos los actos posteriores que de ella deriven, ordenándose la remisión de los legajos a las correspondientes Oficinas Judiciales a los fines de que, por quien corresponda, se resuelva conforme al derecho que aquí se declara.

Siguiendo en los límites de la acusación pretendida, no se describe lucro indebido ni daño pues lo referido es un incumplimiento contractual.

Se ha realizado una imputación que denota alguna genérica conducta que afecta la esencial posibilidad de defensa en juicio y el debido proceso legal, ademas de que demuestra la atipicidad de la descripción fáctica atribuida. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

No aparece precisado, con la claridad necesaria, el nexo de causalidad entre el resultado enunciado y la conducta atribuida a los imputados, ya que no ha existido precisión sobre el modo en que la conducta desplegada ocasionó la obtención y libramiento de fondos, en otras palabras, la determinación de las concretas conductas ilícitas en el marco de la estructura organizativa y el ensamble fáctico necesario que es preciso establecer y que media entre las acciones de uso de documento falso y libramiento de fondos con el abuso funcional en la realización de actos no permitidos. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Se imputa una conducta en concurso ideal pero inconciliable en la realidad donde dos hechos materialmente diferenciados, como son el uso del documento falso enviado a Nación para que ésta libere fondos de forma ilegal y -luego de recibido el dinero en la municipalidad- la disposición de fondos en favor del empresario. Es claro que la conducta acusada de uso de documento falso no configura "un hecho" con la administración fraudulenta pretendida.

Ateniéndonos a la descripción del factum de la acusación, no se procuró un lucro indebido ni se causó daño económico porque, desde antes de iniciarse las investigaciones penales, la municipalidad y empresario reconocieron que existía -en el marco del contrato específico- una diferencia de construcción en favor del primero; esto es así porque, como explicó el MPF, en las nuevas contrataciones con el IPPV el empresario reconoció los porcentajes y la responsabilidad por el anterior contrato. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)