Sumarios jurisdiccionales

La calificación del hecho dado por la parte acusadora bajo los artículos 174 inciso 5° y 292 del código penal -donde uno castiga la defraudación cuya victima sea alguna administración pública y el otro a quien hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio-, requieren de una prueba directa llamado “documento” que en el transcurso de la lectura de la sentencia y de lo informado por las partes no existe. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

Hablamos de prueba directa cuando se vincula el medio de prueba directamente sobre el hecho a probar (Taruffo, M. La prueba de los hechos página 455, editorial Trotta. Madrid 2002) y es directamente relevante al ser tangible como la prueba documental o la testimonial por su credibilidad (Anderson Schum y Twining, Análisis de la Prueba, páginas 97/102, editorial Marcial Pons 2005). (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

Ante la ausencia de ofrecimiento de evidencia documental y omisión de incorporar prueba documental y pericial al juicio oral, la pretensión inicial de la acusación queda sin acreditación ante la postura de la Defensa. Y si no pudo establecerse si las planillas utilizadas para abonar los adicionales son auténticas o fueron falsificadas ni si el imputado tuvo intervención manuscrita en las mismas, no puede concluirse, con la certeza requerida en un proceso penal, en que se falsificaron y/o sustituyeron y tampoco puede determinarse participación en esas conductas. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)