Sumarios jurisdiccionales

Tengo presente que la perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

No se ha considerado suficientemente al imponer la pena la intersección -en el caso de V. M.- de varias condiciones identitarias: mujer rural, víctima de violencia(s) de género desde su niñez, adolescente-madre, con escasos recursos económicos y emocionales y madre de la niña asesinada.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Un análisis con perspectiva de género sobre la prueba en estos casos, no puede desconocer, en primer término, que la violencia contra las mujeres se ejerce muchas veces como violencia indirecta a través de la agresión a sus hijas e hijos, y en segundo término, que las violencias a las que son sometidas las mujeres no deben seguir siendo invisibles para el sistema penal ni invisibilizadas por dicho sistema. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La perspectiva de género exige no solo un análisis contextual sino también conglobado de las pruebas, a efectos de considerar el marco estructural en el cual se inserta la particularidad de los hechos juzgados. A su vez, las violencias contra las mujeres exige, en principio comprender que -como señala Carol Smart- el concepto de racionalidad posee una localización histórica, policita y cultural. Por ello el juzgar con perspectiva de género impone nueva racionalidad jurídica que implica el corrimiento de la mirada androcéntrica de los fenómenos que el derecho aprehende, revisar las llamadas “máximas de la experiencia” a efectos de que incluyan la experiencia de las mujeres y la comprensión de los mecanismos de subordiscriminación que las afectan particularmente en función de su género. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La relación de subordiscriminación y violencias en la que se encontraba V. le restó capacidad para proteger a su hija cuando estaba bajo el dominio de E. por que éste ejercía violencia sobre V. físicamente y psicológicamente a través de la violencia contra su hija. Todo lo cual debe evaluarse como atenuante al momento de imponer la pena conforme la responsabilidad atribuida por el jurado popular. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Dada la naturaleza de esta forma de violencia -de género-, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” --CIDH, Caso Fernández Ortega vs. México de fecha 30 de agosto del 2010, Serie C-215, párrafo 100--. Bajo estos parámetros se estructura la sentencia bajo control. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Corresponde -desde el enfoque de género- desenmascarar la aplicación de un derecho, que se presupone abstracta, neutral y universal, pero es un aplicación que parte del punto de vista masculino, un punto de vista que se autoproclama carente de punto de vista. Es por ello que la ley, necesariamente, hay que ponerla bajo el escrutinio de la perspectiva de género, desde que es la única vía para interpretar y aplicar la norma imparcialmente. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Este Tribunal de Impugnación sostiene que el enfoque de género implica un análisis que se asienta en la jerarquía que impone el (los) género(s), que se construye culturalmente sobre las diferencias sexuales, generando desventajas para las mujeres y las personas que no se ajustan a las cis heteronormatividad y que operan produciendo y reproduciendo relaciones de opresión sobre quienes no adscriben a la masculinidad hegemónica y en particular, sobre las mujeres quienes son consideradas inferiores, objetos sexuales, se le asignan roles al servicio de los varones y de la familia, entre otros estereotipos nocivos (Seguel). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Debemos dejar en claro no solo la exigencia de esta mirada a la magistratura, sino también la obligación que tiene el Ministerio Público Fiscal sobre la debida diligencia de la investigación y acopio de evidencias en cada caso y no caer en cierta formalidad mágica de dar todo por supuesto cuando hablamos de investigar y sancionar una conducta bajo la mirada de género a lo que la doctrina llama “formalismo mágico”, la aislada mención normativa de esta política pública porque su simple cita es un riesgo que desincentiva la motivación que deben brindar juezas y jueces (Pou Giménez Francisca. Argumentación Judicial y perspectiva de género. Colección Doctrina Jurídica Contemporánea. En R. C. Juan A. Cruz Parcero. Interpretación y Argumentación Jurídica en México (p. 288). México: Fontamara). (voto conjunto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella)

Estos casos deben ser analizados mediante el enfoque de género. Lo cual implica un análisis que se asienta en la jerarquía que impone el (los) género(s), que se construye culturalmente sobre las diferencias sexuales, generando desventajas para las mujeres y las personas que no se ajustan a las cisheteronormatividad. La jerarquía opera produciendo y reproduciendo relaciones de opresión sobre quienes no adscriben a la masculinidad hegemónica y -en particular- sobre las mujeres quienes son consideradas inferiores, objetos sexuales, se le asignan roles al servicio de los varones y de la familia, entre otros estereotipos nocivos. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)