Sumarios jurisdiccionales

Este tipo de conflictos que vinculan reconocimientos constitucionales sobre la propiedad indígena comunitaria y el derecho a la propiedad privada requiere mejores herramientas de nuestro sistema legal y no el ejercicio de la acción penal como salida punitiva para justificar una actividad represiva evitando las vías civiles destinadas a este tipo de situaciones (artículos 2238 y siguientes del nuevo Código Civil). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, Marcelo Álvarez y Guillermo Bustamante)

La defensa no tiene recurso en función de que no planteó revocatoria sobre la resolución y dado que la reserva de impugnación efectuada no sustituye la revocatoria que impone nuestro sistema recursivo. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La Corte SJN en “Rojas Molina” (Fallos 189:34), habla de ‘ausencia de estrategia defensiva’, cuando existe la total ausencia de objetivos concretos. Ello sucede cuando el defensor no presenta defensa alguna, no presenta prueba, no concurre a la audiencia a sostener un recurso, no participa del juicio, no recurre la sentencia condenatoria. Entonces para que resulte procedente el planteo de inefectividad de la defensa técnica es necesario que la estrategia no exista en absoluto, o bien que haya existido grave negligencia de parte del defensor. Esta situación no se acredita en este caso. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Este Tribunal de Impugnación, en “Guayan Arévalo” (15/8/18), fijó como estándar de control para una defensa eficaz, el establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La sentencia condenatoria es una decisión jurisdiccional racional y consistente, porque sus argumentos son coherentes y no existe contradicción entre ellos. En definitiva, al no acreditarse ninguno de los agravios presentados por la Defensa y luego de realizado nuestro control de revisión se rechaza la impugnación de la Defensa y en consecuencia se confirma la sentencia de condena dictada contra H. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

En el caso concreto, la resistencia a la autoridad se encuentra probada. Los fundamentos de la sentencia sobre el punto no resultan arbitrarios para sostener los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Sin perjuicio, de que la defensa no ha realizado una critica puntual de los argumentos dados por el juez, lo cual nos exime de mayores comentarios, tal imputación no solo no ha sido negada por la imputada, sino que ha sido admitida por la misma en su voluntaria declaración, quien sostiene que hace tiempo que vive “en el territorio” y que es su decisión “no abandonarlo”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Razones de economía procesal y para evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, nos autorizan a ingresar al tramite y entender en el recurso de queja presentado por el defensor quien en su propio escrito dice, que su recurso es contra la resolución del juez con funciones de revisión, y como tal, no reviste ese resolutorio calidad de sentencia definitiva ni tampoco es una medida de seguridad, razón por la cual el TIP no debería asumir la competencia del recurso, salvo que lo haga de manera excepcional, Arts. 228, -en consonancia con el art. 3de la acordada 25/17 STJ-, 229, 233, 242 del CPP. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

El caso ha cumplido con la doble instancia, como garantía convencional, con la intervención del Juez con funciones de revisión y no se advierte verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales ni la existencia de la alegada arbitrariedad argumental en la decisión jurisdiccional de revisión. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La nulidad no procede por la nulidad misma, que el proceso adversarial se erige sobre el principio de convalidación de los actos ante defectos formales y fundamentalmente, que en el caso concreto, no solo las partes han provocado las suspensiones y han aceptado las mismas en los términos del art. 87 inc. 2 del CPP, sino que además no han esgrimido ningún perjuicio atendible que haga operar la nulidad que la norma establece. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Dada la naturaleza de esta forma de violencia -de género-, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” --CIDH, Caso Fernández Ortega vs. México de fecha 30 de agosto del 2010, Serie C-215, párrafo 100--. Bajo estos parámetros se estructura la sentencia bajo control. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)