Sumarios jurisdiccionales

Se ha realizado una imputación que denota alguna genérica conducta que afecta la esencial posibilidad de defensa en juicio y el debido proceso legal, ademas de que demuestra la atipicidad de la descripción fáctica atribuida. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

No aparece precisado, con la claridad necesaria, el nexo de causalidad entre el resultado enunciado y la conducta atribuida a los imputados, ya que no ha existido precisión sobre el modo en que la conducta desplegada ocasionó la obtención y libramiento de fondos, en otras palabras, la determinación de las concretas conductas ilícitas en el marco de la estructura organizativa y el ensamble fáctico necesario que es preciso establecer y que media entre las acciones de uso de documento falso y libramiento de fondos con el abuso funcional en la realización de actos no permitidos. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Se imputa una conducta en concurso ideal pero inconciliable en la realidad donde dos hechos materialmente diferenciados, como son el uso del documento falso enviado a Nación para que ésta libere fondos de forma ilegal y -luego de recibido el dinero en la municipalidad- la disposición de fondos en favor del empresario. Es claro que la conducta acusada de uso de documento falso no configura "un hecho" con la administración fraudulenta pretendida.

Una correcta imputación en los hechos que corresponden al intendente y al empresario debió describir, de modo claro y preciso, cuál era su concreto aporte en el delito. No puede disociarse su acción de la otra, pues se reprocha una obra común. Por lo tanto, la acusación, al no advertir tal circunstancia, admite una indebida mutatio libelli que afecta el orden secuencial y preclusivo del proceso y la debida defensa en juicio. Ello en violación de los artículos 18 de la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Corresponde rechazar la queja presentada por la Defensa de acuerdo con la doctrina vigente que estableció este Tribunal (TI Se. 51/21 “Paez”) en concordancia con la doctrina del STJ: Las resoluciones -no sentencias definitivas- que confirman lo decidido carecen de impugnabilidad objetiva a los fines de la competencia funcional del Tribunal de Impugnación pues son irrecurribles. Y ante eventual impugnación, es facultad de este Tribunal de Impugnación, del STJRN y de la CSJN decidir que "el caso en concreto" encuadra en una situación excepcional. (voto conjunto de los Dres. María Rita Custet Llambí, Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

La competencia de este Tribunal de Impugnación -en principio- es la revisión de la sentencia (definitiva), esto es, la decisión jurisdiccional absolutoria, condenatoria o que impone una medida de seguridad (artículos 25, 228 y ccdtes. del CPP; Acordada 25/17-STJ). (TI Se. 45/21 “Cisterna”, entre otros). (voto conjunto de los Dres. María Rita Custet Llambí, Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

La excepcionalidad de cada situación es decidida por los órganos jurisdiccionales mencionados -TI, STJ y CSJN- y hasta tanto ello no suceda, ni la impugnación deducida ni su eventual admisibilidad por quien hubiera resuelto la decisión cuyo control se pretende implica reconocer el carácter de decisión impugnable (impugnabilidad objetiva) pues el CPP no lo hace (conf. art. 3 de la Acordada 25/17 STJ), y, en consecuencia, tampoco tiene el efecto suspensivo del art. 226 del código de forma. (voto conjunto de los Dres. María Rita Custet Llambí, Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

No se ha considerado suficientemente al imponer la pena la intersección -en el caso de V. M.- de varias condiciones identitarias: mujer rural, víctima de violencia(s) de género desde su niñez, adolescente-madre, con escasos recursos económicos y emocionales y madre de la niña asesinada.(voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La obligación de incluir delitos menores se impone respecto de delitos cuyas figuras pudieran aplicarse sobre los hechos debatidos en juicio, no respecto de cualquier otro delito. Conforme lo establece el artículo 200 y 201 solo existe obligación del Juez de instruir a las y los jurados los delitos menores cuando tengan la calidad de incluidos en delito principal. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Tal como sostuvo la Corte Suprema de Estados Unidos en el fallo “Cavazos”, no basta una simple discrepancia subjetiva con el veredicto del jurado. La revisión requiere demostrar que “un decisor racional no hubiera coincidido con el jurado”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)