Sumarios jurisdiccionales

El caso ha cumplido con la doble instancia, como garantía convencional, con la intervención del Juez con funciones de revisión y no se advierte verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales ni la existencia de la alegada arbitrariedad argumental en la decisión jurisdiccional de revisión. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

El recurso es contra la resolución del juez con funciones de revisión, y como tal, no reviste ese resolutorio calidad de sentencia definitiva ni tampoco es una medida de seguridad, razón por la cual el TIP no debería asumir la competencia del recurso, salvo que lo haga de manera excepcional, Arts. 228, -en consonancia con el art. 3de la acordada 25/17 STJ-, 229, 233, 242 del CPP. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La defensa expone que no hay prueba de la existencia del hecho en razón al testimonio de la psicóloga, que lo desvanece como elemento para ponderar en su contra, sin advertir esa parte que desatiende los estándares de prueba que se aplican en este tipo de delitos, que determinan que el testimonio de la víctima es una prueba fundamental y debe ser analizado en el contexto del restante plexo probatorio. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

En la descripción de la acusación antes reseñada puede advertirse que cumple el principio de congruencia procesal y con el deber de informar los hechos por los que se acusó pues contiene la delimitación de las circunstancias de tiempo, modo y espacio necesarias para que el encartado tenga certidumbre en cuanto al factum por los que se lo sometió a proceso y respecto de los cuales pudo ejercer su defensa. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

A diferencia de lo sostenido por la impugnante, el reproche contiene una descripción fáctica y témporo espacial suficiente a los fines del correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

El principio de razonabilidad repele toda arbitrariedad de las autoridades estatales y exige que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la nuda voluntad de las autoridades. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Es importante no confundir “La relación precisa y circunstanciada del hecho que se le atribuye” a los imputados (159 inc. 2, CPP) con la explicación de la acusación y la proporción de los fundamentos (art. 163 primer párrafo in fine, CPP) (conf. TI Se. 276/19 "Ventura" y STJRNS2 Se. 32/20 Ley 5020 "Ventura"). (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Se desprende la importancia de que la intimación contenga un relato detallado del hecho que se endilga al imputado, exigencia que está expresamente contenida en el art. 130 del Código Procesal Penal, que fija los requisitos formales a los que debe ajustarse el acto procesal puesto en crisis -formulación de cargos-. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

En defensa de la vigencia y validez plena de los principios y garantías fundamentales que informan el proceso penal conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente y los derechos y tratados internacionales incorporados expresamente al texto de nuestra Carta Magna a partir de la reforma de 1994, no es posible otra solución que declarar la nulidad de las formulaciones de cargos realizadas en los legajos donde impugnó la Defensa, y como consecuencia ineludible de tal decisión, también la nulidad de todos los actos posteriores que de ella deriven, ordenándose la remisión de los legajos a las correspondientes Oficinas Judiciales a los fines de que, por quien corresponda, se resuelva conforme al derecho que aquí se declara.

Siguiendo en los límites de la acusación pretendida, no se describe lucro indebido ni daño pues lo referido es un incumplimiento contractual.