Sumarios jurisdiccionales

Corresponde rechazar la Queja presentada por el señor defensor, desde que el caso ha cumplido con la doble instancia, como garantía convencional, con la intervención del Juez revisor y no se advierte verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales ni la existencia de la alegada arbitrariedad argumental en la decisión jurisdiccional de revisión. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja presentada por el señor defensor, desde que el caso ha cumplido con la doble instancia como garantía constitucional (de revisión integral o doble instancia -al respecto, ver CSJN in re “Duarte” del 05/08/2014-), cumplida acabadamente con la intervención del Juez revisor y no se advierte verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales ni la existencia de la alegada arbitrariedad argumental en la decisión jurisdiccional de revisión. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

En el caso no existe vía legal que habilite la competencia de este Tribunal de Impugnación en tanto el código ritual no le otorga competencia funcional a este órgano jurisdiccional para resolver por fuera de las vías previstas en el Código Procesal Penal (art. 25 del CPP, Ac. 25/17 y Ac. 15/19). (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Se advierte que la resolución de la jueza de garantías -que rechazó el planteo de sobreseimiento efectuado por la defensa- ha sido revisada por un juez del foro local de la segunda circunscripción conforme lo establece el art. 27 del CPP, y que la decisión de ese juez ha sido ajustada a las normas que se deben aplicar al caso, además los fundamentos del magistrado surgen lógicos y fundados. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La competencia de este Tribunal de Impugnación es la revisión de la sentencia definitiva que se vinculan directamente a la conclusión del juicio, esto es una decisión jurisdiccional absolutoria o condenatoria (artículos 25 y 228 del CPP), por lo que corresponde rechazar el recurso de queja in limine. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Si los actos que ejecutan órdenes judiciales (ya sean propias o de órganos superiores) fueran recurribles indefinidamente, la eficacia del sistema penal se vería envuelto en una maraña de recursos que convertirían

La interpretación que debe darse al artículo 226 del Código incluye en la expresión “disposición expresa en contrario” a las disposiciones judiciales. La interpretación impugnada, no solo le hace decir a la norma lo que la ley no dice, haciendo un distingo que la ley no contempla, sino que además atenta con la coherencia y cohesión del sistema recursivo que rigen bajo los principios de celeridad procesal y la restricción taxativa del sistema recursivo (art. 7 y 222 del CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

En el presente la instancia de control prevista es una sola: la contemplada en el art. 228 y 233 del Código (la defensa recurrió -por mediar un auto procesal importante en etapa de ejecución de pena- la resolución del Tribunal de revisión y la misma fue confirmada por el Tribunal de Impugnación agotando las vías recursivas y, por ende, la posibilidad de suspensión. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Debe declararse formalmente admisible le recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y hacerse lugar al mismo dejando sin efecto la resolución del Tribunal Revisor, desde que la decisión del Tribunal de Revisión es errada por cuanto, como bien señala la Fiscalía este Tribunal de Impugnación ha indicado en numerosos precedentes que el efecto suspensivo previsto por el art. 226 del Código Procesal solo opera mientras se ejecuta el control judicial del acto y se agota la instancia recursiva prevista en el rito. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)