Sumarios jurisdiccionales

Debe repararse que no basta para satisfacer la exigencia de motivación o fundamentación la somera explicación de los fundamentos de porque se toma la decisión de morigerar una medida cautelar, sino que los mismos deben ser analizados singularmente y a la luz de los planteos que en este caso ha puesto en consideración el MPF, y que además, parte de ellos no han sido desconocido por el defensor. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La inadmisibilidad resuelta por el Juez del Foro de la Tercera Circunscripción Judicial es la solución que se ajusta a nuestros precedentes “Gatica” 12/2020, “Prevención/Gigante” 59/2020 en función de que tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva. Sin perjuicio de ello, aun en el caso de que no hubiere existido el doble conforme de los actos impugnados este Tribunal de Impugnación no sería competente en función del precedente “Pintos” 192/2020. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Corresponde hacer lugar la recurso interpuesto por la Fiscalia, toda vez que el tribunal de juicio no ha ponderado correctamente los referidos riesgos procesales que se asumen con la decisión adoptada por el tribunal de juicio. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

El derecho a la revisión de autos procesales importantes tiene su condicionamiento en exista un gravamen irreparable, que afecte derechos o libertades fundamentales y/o que causen indefensión y o/que resulten violatorios de debido proceso (confr. Cidh Informes “Abella” y “Maqueda”, en cc. arts. 222 y 228 del CPP). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Este Tribunal en “Gigli 97/2018” y “Forno 170/202” sostiene que no existe un recurso contemplado en el ritual contra las resoluciones de recusación. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

Como se expresó en “González” (Se. 123/2020), nuestro sistema recursivo tiene previsto que, para la revisión de toda decisión tomada en la etapa del juicio, es decir durante su tramitación, esa actividad será llevada adelante por el Foro de Jueces Penales que determine la Oficina Judicial (artículos 25, 26 y 27 del CPP). En consecuencia, corresponde que sea resuelto en el mismo Foro de Jueces. (voto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet por mayoría)

En el presente caso se trata de la revisión de una medida cautelar ordenada en etapa de juicio, y la revisión en esa etapa es expresamente atribuida por la norma citada -art. 113 del CPP- al Foro de Jueces. Resulta claro que el juicio no ha finalizado, en función de que no se ha realizado aun su segunda parte como impone el art. 173 y 174 del código ritual. (voto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet por mayoría)

La competencia de este Tribunal de Impugnación -en principio- es la revisión de la sentencia (definitiva), esto es, la decisión jurisdiccional absolutoria, condenatoria o que impone una medida de seguridad (artículos 25, 228 y ccdtes. del CPP; Acordada 25/17-STJ). (TI Se. 45/21 “Cisterna”, entre otros). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja presentada por la Defensa de acuerdo con la doctrina vigente que estableció este Tribunal (TI Se. 51/21 “Paez”) en concordancia con la doctrina del STJ: Las resoluciones -no sentencias definitivas- que confirman lo decidido carecen de impugnabilidad objetiva a los fines de la competencia funcional del Tribunal de Impugnación pues son irrecurribles. Y ante eventual impugnación, es facultad de este Tribunal de Impugnación, del STJRN y de la CSJN decidir que "el caso en concreto" encuadra en una situación excepcional. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja presentada por el defensor, desde que el caso ha cumplido con la doble instancia como garantía constitucional (de revisión integral o doble instancia -al respecto, ver CSJN in re “Duarte” del 05/08/2014-), cumplida acabadamente con la intervención del Tribunal revisor y no se advierte verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales ni la existencia de la alegada arbitrariedad argumental en la decisión jurisdiccional de revisión. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)