Sumarios jurisdiccionales

El bien jurídico tutelado por el delito de lesiones es la integridad corporal y la salud de la persona humana, es decir se tutela la salud física, en el sentido más amplio que le asigna la ley vigente y en tal inteligencia la insignificancia sólo puede jugar cuando es tal que de ningún modo pudo afectar la salud de la víctima, aspecto que es relevante sólo a los fines, en todo caso de graduar la pena. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Como sostiene Maria Camila Correa Flores, una idea extendida del extendido mito de violación real es que existe una forma correcta de reaccionar ante la violación. Entonces, si la victima no reacciona como es esperable se entiende que el hecho no fue tan grave o que no existió. El punto es que estas reacciones pueden existir, pero también pueden estar total o parcialmente ausentes y la ausencia de ellas no implica la ausencia del hecho. exigir estas conductas presupone que, que siempre pueden hacerlo, lo que no siempre es factible porque muchas victimas quedan paralizadas ante el ataque, sin poder emitir palabra o gritar, o pedir auxilio a terceros, omitiéndose que pueden sentir temor a verse expuestas a un mayor ataque físico, sentir vergüenza, ignora su situación de desventaja en razón de la sujeción que impone el orden de género,

Para proceder al examen revisor tendré en cuenta que la metodología impuesta para el análisis de la prueba en casos de abuso sexual -tal como referí anteriormente- consiste en tomar como elemento principal el testimonio de la víctima. Ello sin perder de vista que éste -en soledad- no basta para confirmar una hipótesis cargosa, sino que debe corroborarse por otros indicios y pruebas independientes que no dejen lugar a la duda razonable que el hecho acaeció tal como se acusa. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

En función del delito del que se trata -abuso sexual-, y la normativa vigente el análisis se efectuará con perspectiva de género. La interpretación del derecho, tal como se dijo en Reibold (TIP Se. 101/19), desde tal perspectiva, “exige la contextualización y la actuación conforme al principio pro persona, que se configura en este ámbito como un criterio hermenéutico que obliga a los órganos judiciales a adoptar interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos, en especial las víctimas” (Poyatos, Juzgar con perspectiva de género: una metodología vinculante de justicia equitativa). (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Pese al esfuerzo de la defensa técnica del imputado, lo cierto es que no existe el legajo otro motivo por el S. pudo tener radical cambio luego del develamiento, no se ha probado otro motivo mas que el abuso sexual denunciado, que habría sigo el generador de estos cambios de conducta de la menor. Cuestiones estas ponderadas en favor de la acusación por parte del juzgador. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

En la figura de administración fraudulenta existen dos tipos delictivos: el del abuso y el de quebrantamiento de fidelidad. La acción abusiva, que sería la del caso de autos -consistente en haber pagado por adelantado a la empresa determinada cantidad de construcción de viviendas- se da cuando el autor, violando sus deberes disponga patrimonialmente, u obligue con exceso, al titular de los intereses patrimoniales que se le han confiado, extremos que -al existir sólo un pago por adelantado y crédito reconocido- no tiene por probados la acusación, dado que el accionar de los imputados aparece más como una administración negligente que dolosa. No advertimos reproche más allá de una desacertada gestión de negocios que descarta la tipicidad del delito en cuestión. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Ateniéndonos a la descripción del factum de la acusación, no se procuró un lucro indebido ni se causó daño económico porque, desde antes de iniciarse las investigaciones penales, la municipalidad y empresario reconocieron que existía -en el marco del contrato específico- una diferencia de construcción en favor del primero; esto es así porque, como explicó el MPF, en las nuevas contrataciones con el IPPV el empresario reconoció los porcentajes y la responsabilidad por el anterior contrato. (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

El legislador no se ha contentado con describir solo una forma dolosa, sino que ha incluido una exigencia subjetiva adicional, a saber: el autor tiene que haber querido violar su deber de administrar o de cuidar y tiene que haber querido perjudicar los intereses confiados “con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar un daño”. Debe saber que va a realizar el hecho, y debe cumplirlo con un determinado propósito (Ricardo Pinto, “Los elementos subjetivos del injusto en el delito de administración fraudulenta”, en JA 2000-I, pág. 866, citado en STJRNS2 Se. 113/05, “Denuncia”). (voto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Le asiste razón a la fiscalía cuando sostuvo -al oponerse a la incorporación de la instrucción de homicidio preterintencional- que la defensa no puede incorporar una nueva hipótesis en las instrucciones finales, y pretender que se juzgue esa hipótesis “sobre lo que no adelantó, no trabajó, no argumentó y no le permitió a la contraparte ejercer el contradictorio”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El defensor omitió plantear revocatoria ante la negativa del Juez a incluir las instrucciones del homicidio preterintencional. Conforme se explicitó antes, no basta la reserva de impugnación y con ello alcanza para rechazar el agravio. Sin perjuicio de esto, el agravio tampoco podría prosperar por motivos de orden sustancial. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)