Sumarios jurisdiccionales

La impugnación deducida es contra la resolución del juez con funciones de revisión, y como tal no, no reviste ese resolutorio calidad de sentencia definitiva ni tampoco es una medida de seguridad, razón por la cual el TIP no debería asumir la competencia del recurso, salvo que lo haga de manera excepcional, Arts. 228, -en consonancia con el art. 3 de la acordada 25/17 STJ-, 229, 233, 242 del CPP.- (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

El caso ha cumplido con la doble instancia, como garantía convencional, con la intervención de la Jueza con funciones de revisión y no se advierte verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales ni la existencia de la alegada arbitrariedad argumental en la decisión jurisdiccional de revisión. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La Queja no se ajusta al sistema recursivo porque no estamos frente a una sentencia definitiva y como un auto procesal importante ya ha tenido la revisión que establece el doble conforme a favor del acusado (artículo 228 CPP). Además, no se evidencia arbitrariedad en la resolución o una errónea aplicación de la ley de fondo que encuadre en los supuestos referidos por el recurso. Tampoco existe colisión con el derecho constitucional o convencional que habilite nuestra competencia. Por ello, la queja debe ser rechazada sin sustanciación. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

La determinación del monto de la pena remite a aspectos eminentemente valorativos sobre los que no es dable construir el análisis de la racionalidad de lo decidido puede lograrse a partir del método utilizado para arribar al resultado. Se trata de la ponderación de los aspectos objetivos y subjetivos previstos por los arts. 40 y 41 del Código Penal ("De Piano-STJ-17/4/19). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

Esta situación -impugnación del rechazo de la excepción de incompetencia- no se ajusta al sistema recursivo porque no estamos frente a una sentencia definitiva y como un auto procesal importante ya ha tenido la revisión que establece el doble conforme a favor del acusado (artículo 228 CPP). Además, no se evidencia arbitrariedad en la resolución o una errónea aplicación de la ley de fondo que encuadre en los supuestos referidos por el recurso. Tampoco existe colisión con el derecho constitucional o convencional que habilite nuestra competencia. Por ello, la queja debe ser rechazas sin sustanciación. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

La fundamentación del agravio, enmascara una nueva petición sin observar que la disminución de 18 meses del máximo peticionado por el MP Fiscal tuvo en cuenta los mismos datos que reedita la defensa como son el estado de salud, la predisposición para iniciar un cambio de vida y ello nos hace concluir que sí hubo una valoración favorable a G. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

El precedente citado de la Corte SJN no se ajusta a un valor como tampoco tiene relación a los hechos “para emplear ciertos principios generales o paradigmas extrapolados de un pronunciamiento jurisdiccional, debe existir entre el caso utilizado como precedente y aquél en el que se tiene que decidir una semejanza fáctica o, lo que es lo mismo, no deben existir diferencias sustanciales entre una y otra base de hechos. En concreto, tanto la invocación como la aplicación del precedente debe serlo ante casos sustancialmente análogos (Voto Jueza Piccinini en “M., J. A” expediente n° 28911/16-STJ del 26 de febrero de 2018). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella)

Los argumentos de la sentencia resultan razonables porque entre las dos hipótesis probables que exponen las partes: la fiscalia por un lado y, la defensa por el otro, los juzgadores ante la ausencia de certeza sobre el dolo de matar se inclinan hacia la teoría de la defensa y el principio favor rei asi lo impone. (voto conjunto de la Dra. María Rita Custet Llambí y el Dr. Carlos Mohamed Mussi)

Debemos dejar en claro no solo la exigencia de esta mirada a la magistratura, sino también la obligación que tiene el Ministerio Público Fiscal sobre la debida diligencia de la investigación y acopio de evidencias en cada caso y no caer en cierta formalidad mágica de dar todo por supuesto cuando hablamos de investigar y sancionar una conducta bajo la mirada de género a lo que la doctrina llama “formalismo mágico”, la aislada mención normativa de esta política pública porque su simple cita es un riesgo que desincentiva la motivación que deben brindar juezas y jueces (Pou Giménez Francisca. Argumentación Judicial y perspectiva de género. Colección Doctrina Jurídica Contemporánea. En R. C. Juan A. Cruz Parcero. Interpretación y Argumentación Jurídica en México (p. 288). México: Fontamara). (voto conjunto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella)

El voto mayoritario sostiene, correctamente, que el dolo directo de matar no ha sido probado en el caso, que no puede inferirse solamente de las dos puñaladas efectuadas en función de que analizando el contexto en que ocurrieron: en el marco de una pelea, cuando el imputado ya se estaba retirando y fue agarrado del cuello por parte de M. (voto conjunto de la Dra. María Rita Custet Llambí y el Dr. Carlos Mohamed Mussi)