Sumarios jurisdiccionales

Este principio -limitación de los recursos contra las decisiones en etapa de investigación- cedería ante una cuestiones que violentaren irreparablemente derechos constitucionales que pudieran encuadrarse en el supuesto del art. 242 del CPP (Se. TIP 174/18), pero en este caso la defensa no ha logrado rebatir los argumentos del Juez de Revisión que denegó el recurso (lo cual es un requisito ineludible para admitir formalmente la queja – Se.TIP 270/19) mas bien de la sola lectura de la misma se advierte que expone una discrepancia sobre la valoración de los elementos enunciados por la Fiscalía al requerir el allanamiento que cuestiona y la ponderación que en relación a ellos hicieran los jueces de las instancias anteriores sin demostrar el yerro en que supuestamente incurren. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Nuestro sistema recursivo no genera una tercera revisión ordinaria, debe existir un agravio manifiestamente evidente, que el texto del recurso no evidencia, ya que no demuestra que la inadmisibilidad dictada este apañando la violación de una garantía constitucional y/o convencional. En definitiva, la queja omite controvertir de forma concreta y razonada los fundamentos dados por el juez de revisión, como así también se advierte que existen otros momento procesales para realizar sus planteos, en el desarrollo de la investigación fiscal, como es la audiencia de control de la acusación. Conforme ello, el recurso carece de una presentación plausible del supuesto de arbitrariedad de sentencia y de las afectaciones constitucionales y convencionales que se denuncian. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella por la mayoría)

Volviendo a los recursos previstos para la etapa investigativa vale resaltar como se dijera en “Gatica” (TIP Se. 12/20) que el diseño recursivo del rito, no es caprichoso ni arbitrario, tiene su razón de ser en coherencia con un sistema procesal en el cual impera el principio de celeridad, concentración y simplificación (art. 7 CPP) y por ello no cabe la existencia de vías recursivas indeterminadas que dilaten el pronto transcurso por las etapas procesales para llegar rápidamente al juicio. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Los actos procesales que refiere el art.228 del CPP, sin duda son aquellos que sin ser definitivos revisten importancia para el destino de quien se encuentra imputado en un causa penal y en consecuencia se prevé una instancia revisora mediante un recurso ordinario amplio a fin de garantizar el doble conforme. El Código no habilita una tercera etapa de revisión, ni viabiliza la intervención de todos los órganos superiores del sistema judicial. Solo tiene una vía prevista en el rito: es la vía del art. 27 del CPP (en conc. Art. 26 CP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Con relación al planteo respecto de la ausencia de vía legal para recurrir la concesión de la prisión domiciliaria por parte de la fiscalía, entiendo que no puede prosperar en función de que el Ministerio Público ha sostenido fundadamente la arbitrariedad de la sentencia que recurría y por ende, se encontraba habilitada la revisión (conf. doctrina de la arbitrariedad en cc. art 242 inc. 2 del CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Superar los 60 años de edad no conlleva directamente al encuadramiento de la situación del condenado en ninguno de los supuestos de situaciones sanitarias previstas en el art. 32 de la Ley 24.660 -anterior artículo 33- ni en el art. 10 del Código Penal, en tanto y en cuanto no se acredite que las condiciones de alojamiento no permiten un tratamiento (léase aislamiento preventivo en este caso) adecuado ante la Pandemia COVID 19 (art. 33 ley citada y art. 10 inc. a contrario sensu Código Penal) (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Respecto de la participación de la víctima en los incidentes de prisión domiciliaria se ha dicho, en lo que aquí resulta pertinente, que la ley de orden público 27372 “entre otros derechos y garantías que se confiere a las personas víctimas de delitos, dispone específicamente para los procesos de ejecución el derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o juez competente cuando se sustancia cualquier planteo en el que se pueda decidir, entre otras cuestiones, la incorporación de la persona condenada al régimen de prisión domiciliaria (cf. art. 12, letra “d”, ley 27372). Se advierte entonces que a partir de la sanción de esta ley se le ha dado un grado mayor de protagonismo de la víctima ahora dentro de los procesos de ejecución, donde hasta entonces tenía incluso vedada legalmente su participación como parte querellante.” (extracto del voto del Hornos Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV “C., G. A. s/ recurso de casación” Fecha: 10 de mayo de 2018.) (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

El recurso interpuesto -por la defensa contra el rechazo del arresto domiciliario- ha sido mal concedido toda vez que la sentencia del tribunal revisión, que confirma la sentencia de la Jueza de ejecución carece de impugnación objetiva y luego de analizar la sentencia de revisión, la cual cumple con los extremo exigidos como acto jurisdiccional válido por encontrarse debidamente fundado, con lo cual corresponde declarar su improcedencia in límine y para evitar un dispendio jurisdiccional inútil. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi)

En el caso los imputados consiguieron un pronunciamiento favorable del Juez de garantías -vencimiento del plazo de investigación y sobreseimiento-, ratificado por el Juez que controló esa decisión, que al llegar a instancias de impugnación ante este Tribunal, luego de su tratamiento resultó el fallo desfavorable con la revocación del sobreseimiento declarado y mantenido en las instancias previas. No queda duda que por aplicación del art. 228 (en concordancia con el art. 222 del CPP) estamos ante un auto procesal importante que causa agravio al imputado y por ello se encuentra habilitada la via ordinaria de la impugnación a efectos de dotar de un doble conforme la decisión que agravia a la parte imputada. Si bien la defensa ha nominado como impugnación extraordinaria la presentación que realiza corresponde, en beneficio de la acusada, reencausarla como revisión ordinaria en función que la ley prevé la revisión amplia para estos casos (arts. 27 en concordancia con el art. 240 CPP). (Voto conjunto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Resolución 23/20 de fecha 14/05/20) y la imposición de obligaciones en cabeza del Estado Argentino, pone de relieve la afectación a intereses de la Nación Argentina. Sin perjuicio de ello, y en función de no compartir, respetuosamente, los argumentos expuestos por el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche considero que corresponde insistir en los fundamentos dados por este Tribunal de Impugnación y ratificar el criterio expuesto por la Sentencia Nº 263/10 que atribuyó la misma a esa agencia federal, por lo que corresponde declarar trabado el conflicto negativo de competencia, correspondiendo elevar las actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que dirima la cuestión (art. 24 inc. 7 decreto ley 1285/58). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)