Sumarios jurisdiccionales

Debe señalarse que en la reprochable actitud policial, evidentemente incidieron los estereotipos de género que sostienen que las mujeres que desparecen, lo hacen porque son “unas voladas” o se “van con el novio” o “con un macho” o “abandonan la casa voluntariamente”. Ante lo cual corresponde puntualizar que la persistencia de tales estereotipos ante la desaparición de mujeres han sido abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en “Campo Algodonero” y han sido señalados como “una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer” (parr. 401). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La resolución de marras señala el marco de un contexto de violencia de género que detalla y describe, realizando un recorrido historizado de la relación vincular mientras pone en evidencia- la relación de poder asimétrico que ostentaba el imputado sobre la víctima a quien inclusive llegó a lesionar unos meses antes con un cuchillo, “por celos” como le confesó a la madre de la misma. Lo que denota hasta qué punto el imputado consideraba que S. no tenía derecho a la libertad de elección y, la agresividad y potencialidad dañosa que despertaba en él que ella no quisiera seguir la relación que tenían. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

No puede desconocerse que romper con el estereotipo de que la mujer es propiedad de su pareja, implica en numerosos casos el móvil del femicidio. Es que “el concepto de violencia basada en género no niega que existan diversos factores explicativos de este tipo de violencia, sino que resalta que estas variables cobran sentido o interactúan en un contexto caracterizado por estereotipos, que les imponen a las mujeres determinadas conductas, comportamientos o atributos que las subordinan frente a los varones. Esto explicaría por qué son las mujeres quienes mayoritariamente experimentan diversas formas de violencia cuando incumplen o transgreden los estereotipos de género”. (Femicidios. Interpretación de un delito de violencia basada en el género. Ingrid Díaz Castillo, Julio Rodríguez Vásquez y Cristina Valega Chipoco, 2019, p. 23). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Este Tribunal de Impugnación, para los delitos contra la integridad sexual, se guía por un marco normativo y legislativo especial sobre la valoración de la prueba. Sostenemos la existencia de un “estándar probatorio” --en los casos que existe el testimonio único de la mujer víctima de violencia sexual--, y esa la declaración de la víctima se constituye en prueba fundamental y debe vincularse con otros indicios, que otorguen elementos corroborantes que aporten solidez, de modo independiente, en modo igualitario a la versión de la acusación que habilita a la condena o no supera el límite de la duda razonable. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Frente a los delitos de violencia contra una mujer, los jueces debemos resolver con perspectiva de género, “como criterio de interpretación de la normativa aplicable, de los hechos y de las pruebas del caso, parte de la consideración de la situación de discriminación en que se hallan las mujeres y ha sido concebida por un sistema normativo que obliga a la adopción de políticas públicas a las que el Poder Judicial no es ajeno (“CARUS” del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de fecha18/4/2018). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La normativa citada sobre la materia -perspectiva de género- indica que, los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial los derechos y garantías a ser oída personalmente por el juez/jueza y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos; (artículo 16 inciso c e i, de la ley 26485). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Para las organizaciones resulta positivo otorgar a quien agrede a otra persona por razones y/o en contextos de violencia de género la posibilidad de reparar el daño que se ha producido y han dejado en claro la necesidad de revisar “la cultura patriarcal de la que el castigo punitivo es parte”. Han puesto de manifiesto que llevar todos los casos a juicio pudiendo resolverlos de otra forma distinta, compromete recursos que siempre son limitados para casos extremadamente más graves, destacando que el castigo penal no guarda ninguna relación con la reducción de la violencia (10 razones para no prohibir la suspensión de juicio a prueba. INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales); APP (Asociación Pensamiento Penal); CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Colectivo Colectivo Ni Una Menos; OCA (Observatorio Contra el Acoso); Red de Mujeres; Colectivo Colectivo Mujeres al Derecho, Colectivo para la Diversidad (COPADI); Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional; Asociación Contra la Violencia Institucional; SITRAJU Nación (Sindicato de Trabajadores Judiciales); CEPOC (Centro de Estudios de Política Criminal); Cátedra de Criminología y Control Social, Facultad de Derecho UNR; Cátedra de Criminología Facultad de Derecho UNC; Movimiento de Profesionales para los Pueblos). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

No todos los casos deben resolverse de la misma manera. El poder judicial tiene el deber de dar la respuesta más acorde a los derechos de las partes, y en especial en casos de violencia de género buscar los medios para generar medidas transformadoras del orden social en general, y preventivas, reparadoras y restauradoras para la víctima en particular. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

Dejo -una vez mas- asentada mi profunda preocupación por el reduccionismo que implica una pretensión de respuesta única para todos los casos, la persistente desvalorización -en un sistema de justicia androcéntrico- de la palabra, la voz y la voluntad de quienes por ser mujer y ser (o haber sido) víctima de violencia son estereotipadas bajo el rótulo de la “incapacidad jurídica”y “la debilidad” y en consecuencia, son despojadas del derecho a ser oídas y del derecho a recibir una consideración fundada sobre sus opiniones. Ergo, son sustituidas en la decisión que afectará sus vidas por quienes presumen, como se ha presumido históricamente, conocer “lo que es mejor para ellas”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Del análisis de la sentencia se advierte que el presente caso se resuelve con perspectiva de género, y que es un compromiso institucional que las juezas y jueces debemos resolver, de ese modo y con esa perspectiva “como criterio de interpretación de la normativa aplicable, de los hechos y de las pruebas del caso, parte de la consideración de la situación de discriminación en que se hallan las mujeres y ha sido concebida por un sistema normativo que obliga a la adopción de políticas públicas a las que el Poder Judicial no es ajeno (“Carus-STJ-2018 y sus precedentes “Varela-STJ-2016” y “Cortés-STJ-2017”). (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)