Sumarios jurisdiccionales

Se concluye que la sentencia se ajusta a derecho y ha abordado la temática conforme la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia que ha sostenido la necesidad de aplicar perspectiva de género, contemplar la amplitud probatoria en estos casos conforme la Ley 26.485 y los estándares internacionales en la materia que imponen un análisis de contexto conforme la CIDH en (Fernández Ortega y Rosenda Cantú). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La defensa en el control de acusación aceptó el hecho objeto de acusación tal como fue llevado a juicio, sin reserva alguna y por ende, ha precluído la posibilidad de agraviarse del mismo. Esto sin perjuicio de recordar que el principio de buena fe procesal se impone como responsabilidad funcional de los defensores, fiscales y abogados querellantes. Este principio aunado al de preclusión y a la teoría de los actos propios, impiden dar curso al pedido de la defensa que -vale recordar- al momento del control de acusación, ejercitando el alto Ministerio que le cabe, consintió la admisión para el juicio del hecho objeto de acusación para después, en juicio, sostener que la falta de precisión del mismo afecta el derecho de defensa. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Según la Corte Suprema de Justicia la arbitrariedad de la sentencia se verifica cuando se han considerado pruebas, indicios y presunciones en forma fragmentaria o aislada, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la corroboración de hechos conducentes para la decisión el litigio; y en especial cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los hechos entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios (Fallos 308:641). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Repasados los argumentos que ha dado la sentencia para tener por acreditados los hechos que conformaron la hipótesis fiscal, no encuentro abitrariedad alguna desde que ha ponderado cada uno de los elementos arrimados de manera integral de manera que se puede seguir el análisis lógico racional que realiza para la verificación de la tesis fiscal. A su vez descarta fundadamente la hipótesis alternativa de la defensa. Por ende, corresponde descartar la calificación subsidiaria por encubrimiento que propone. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Asiste razón a la defensa sobre el planteo de prescripción de la acción penal pues el hecho imputado se fijó como consumado en el transcurso del año 2009, y como el primer acto interruptivo de la prescripción de la acción penal (primer llamado indagatoria / primer llamado a formulación de cargos) se realizó a fines del mes de mayo de 2019, queda establecida la duda insuperable sobre que el hecho pudo ocurrir desde principio de año hasta ese acto procesal interruptivo (art. 8, CPP). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

En el presente legajo, la formulación de cargo en contra del imputado se realiza en el mes de mayo del año 2019, reitero, en el mismo año que se cumple el plazo de prescripción, sin que la victima haya podido determinar la fecha, ni la acusación de algún modo ceñirla a un tiempo más en concreto, lo que resulta absolutamente entendible pero que no puede interpretarse en contra del imputado. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La formulación de cargos fue debidamente controlada y la prisión preventiva se fijó en dos meses, un plazo que aparece razonable y proporcional en función de los hechos a investigar y los riesgos a la investigación acreditados por la fiscalía. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

En relación al segundo hecho descripto por el MPF, se puede concluir que la acusación ha cumplido con las reglas que exige la relación circunstanciada y específica de la descripción delictiva imputada a C. y no impidió en modo alguno el derecho de defensa del imputado, en todo caso la falta de indicación del objeto del cual, se sostiene, ha sido suplida con el desarrollo de la prueba que la defensa ha invertido y que ha permitido acreditar la materialidad del hecho ilícito juzgado y por tanto corresponde rechazar el agravio de la defensa en contra de la supuesta indeterminación del objeto del proceso, del modo que lo ha realizado el Tribunal de juicio. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Lo cierto es que el plazo de prescripción de los delitos es de imperativa apreciación para los jueces e incluso el mismo se debe determinar de oficio en cualquier estado del proceso, siempre, claro está, si que concurren los presupuestos necesarios de paralización del procedimiento y transcurso del plazo del tiempo legalmente señalado por el tipo penal elegido por la acusación. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Se ha cumplido con la doble instancia, como garantía constitucional, cumplida acabadamente con la intervención del Juez revisor y no advirtiendo verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales y/o convencionales. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)