Sumarios jurisdiccionales

En el marco de las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, el ejercicio de la libertad y autodeterminación sexual implica que el consentimiento será libre, voluntario e inequívoco siempre que se integre con las siguientes características: claro, activo, libre de presiones, manipulación o influencia de drogas o alcohol, específico, con información previa, actual y continuo. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

En los casos de abusos sexuales, el testimonio de la víctima se erige en prueba fundamental pero solo habilitará una condena cuando existan elementos corroborantes que de “modo independiente” aporten solidez a la versión de la acusación. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Deben evidenciarse los estereotipos de género que comprometan la imparcialidad e integridad del sistema de justicia. Entre ellos los relativos a la “mujer disponible y sexualmente aquiescente”; el “consentimiento implícito” en tanto refuerzan las creencias estereotipadas de que cuando la mujer dice no “en realidad esta diciendo sí” o “inténtalo de nuevo” o “convénceme”; los relativos a “la mujer mentirosa” que acusa por despecho, venganza o arrepentimiento; los estereotipos que presuponen consentimiento sexual de las mujeres porque visten de determinada manera, transitan por determinados lugares o en ciertos horarios, o aceptan invitaciones de un hombre para realizar actividades, aún cuando estas no sean sexuales, como se dio en el caso bajo examen. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Analizados los agravios y posturas de las partes en el escrito de impugnación sólo se advierte la reedición de argumentos que se basan en una discrepancia subjetiva con lo decidido pero sin demostrar prima facie las afectaciones constitucionales que menciona. Lo expuesto denota la insuficiencia de los agravios para encuadrarlos en alguno de los supuestos del art. 242 del CPP, por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad de la impugnación deducida. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Si bien comparto la apreciación fiscal en el sentido de que las decisiones deben ser el resultado de un examen de las pruebas y el contexto bajo la perspectiva de género y a su vez que debe otorgarse especial consideración a los dichos de la víctima aplicándose el principio de amplitud probatoria; también tengo presente que ello no implica flexibilizar los principios del debido proceso ni el riguroso examen de la prueba en orden a la vigencia del principio de inocencia (TIP Se. 73/19). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La exposición de la duda que ha impregnado al Tribunal de juicio tiene asidero en la ausencia de información que la acusadora no ha arrimado. Tal carencia en la acreditación de la identidad entre sujeto imputado y el sujeto autor, en el marco del Estado de Derecho, no puede ser sustituida por las creencias subjetivas que podemos albergar los jueces y juezas sobre la culpabilidad de quien es traído a juicio. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El Tribunal de juicio alberga duda fundada sobre la identidad del agresor, no porque descrea de la víctima sino porque los datos que aportó fueron insuficientes para identificar sin lugar a duda al agresor y no fueron integrado con otras pruebas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El propio artículo 164 referido -ley 5190- faculta a las oficinas judiciales a la conformación de tribunales con jueces que tienen funciones de garantía para la realización de juicios, en forma excepcional, y en la necesidad que se tenga del servicio de justicia, como ha sido el caso y que fuera respondido por el Tribunal de juicio. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La impugnación presentada es inadmisible, porque este Tribunal de Impugnación no es una tercera instancia de revisión ordinaria. El sistema recursivo le fijo una ajustada competencia que se centra en sentencias definitivas o autos procesales importantes que causen agravio irreparable. Ninguno de esos extremos los acredita la defensa, en particular a los motivo que acepto el juez de revisión (articulos 25, 26, 27 y 228 del CPP). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

El STJRN en el antecedente “Sanchez”, sentencia 120 expediente n° 21698/06 de fecha 13-07-07, sostuvo la posición de una parte de la doctrina “Caballero Frías, Jorge. LL – T-197, pág.975), donde se establece que en el Art. 34 del CP se fija una fórmula mixta de inimputabilidad, se refleja en una triple dimensión para determinar la imputabilidad o inimputabilidad, que exige recorrer en forma sucesiva, los tres tramos que integran el concepto de imputabilidad; el tramo biológico psiquiátrico: se refiere a las causales de inimputabilidad, es competencia exclusiva del psiquiatra. El psicológico comprensivo: la captación de las aptitudes psicológicas, requiere la intervención conjunta de juez y perito. En el plano normativo-valorativo, se resuelve definitivamente la imputabilidad. Pertenece exclusivamente al juez. Este deberá llevar a cabo una valoración ético-jurídica. Esta última postura es la sostenida por el alto tribunal provincial. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)