Sumarios jurisdiccionales

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa solo en cuanto a la escala penal aplicable e imponer al imputado la pena de tres años de prisión, desde que este Tribunal de Impugnación ya se ha expedido en la causa “Leiton”, en la que se sostuvo que el agravante del art. 41 bis no eleva la escala del delito calificado. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

En el caso concreto se acreditó que C. cumplía funciones de escopetero al momento del hecho y que en ejercicio de tales funciones, no fue la utilización del arma, sino la modalidad mediante la cual la utilizó en el cumplimiento de sus funciones devino excesiva y por ende, antirreglamentaria. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El hecho encuadra bajo la figura del artículo 44 del Código Penal, como un delito imposible, que prevé una pena o su eximición -según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente-, y teniendo en cuenta que no hay lesividad patrimonial en el hecho entendemos que aplicar una sanción resulta una aplicación irracional del ejercicio de la herramienta punitiva del Estado -cuando no ha utilizado otras herramientas alternativas para la solución del conflicto traído a juicio-, por lo que corresponde absolver al imputado. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Corresponde rechazar la impugnación deducida por la Defensa por ausencia de críticas serias, concretas y razonadas, desde que la conducta del encartado no se motivó en una errónea interpretación de la pauta impuesta por el Juez Baquero Lazcano sino por razones bien distintas como son la irresolusión del conflicto primario.

La admisibilidad declarada no repara en la señalada limitación recursiva que establece el Código Procesal Penal y, en el caso concreto, en la ausencia de impugnabilidad objetiva, resultando improcedente que se habilite un tercera instancia de control ante este Tribunal de Impugnación (TI 110/20). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Resultan infundados los supuestos de arbitrariedad invocados por la defensa por cuanto el sustento sobre el cual se erige la necesidad de la medida (amenazas a testigo) aparece como suficiente en orden al aseguramiento contra riesgos procesales, resultando instrascendente las consideraciones que realiza tangencialmente la jueza sobre la actividad fiscal en orden la protección de los testigos. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La etapa recursiva que prevé el Código Procesal Penal ya ha sido canalizada conforme la vías previstas en sus artículos 26 y 27 del Código Procesal. Ergo, ya ha sido agotada la etapa de control ante la intervención del Juez Revisor. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

No existe un recurso contemplado en el ritual contra las resoluciones de recusación. En ese sentido, corresponde remarcar que el derecho a la revisión de autos procesales importantes tiene su condicionamiento en exista un gravamen irreparable, que afecte derechos o libertades fundamentales y/o que causen indefensión y o/que resulten violatorios de debido proceso (confr. Cidh Informes “Abella” y “Maqueda”, en cc. arts. 222 y 228 del CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La feria judicial efectivamente suspende el plazo de la investigación porque así lo resolvió expresamente este Tribunal de Impugnación (Se. 125/18 “Morel” y Se. 71/19 “Durazno”, y en sentido concordante ver Se. 1/19 “Bahamonde”) y el Superior Tribunal de Justicia (Se. 71/19 Ley 5020 “Durazno”). (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann e Ignacio Gandolfi)

Si no se computa la suspensión de plazos de la feria judicial, no advertimos porqué apartarnos de ese criterio respecto de la suspensión de plazo por otro motivo, cuando ambas suspensiones tienen sustento en la previsión expresa de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann e Ignacio Gandolfi)