Sumarios jurisdiccionales

Es cierto que esta Convención Internacional -para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ley nº 24.632)- no genera un derecho a la condena, pero sí garantiza certeza a la víctima de que la persona responsable de un ataque a la mujer genera la expectativa del cumplimento de la sanción.

La normativa sobre la materia establece que en cualquier procedimiento judicial los derechos y garantías a ser oídas personalmente por el juez/jueza y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos; (artículo 16 inciso c e i, de la ley 26485). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La medida dispuesta resulta compatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (STJRNS2 Se. 91/20 Ley 5020). (voto del Juez Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

Tengo presente que el estándar de prueba establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el tipo de delito de género que aquí se juzga (Caso Fernández Ortega vs. México, 2010; Caso J.V. C Perú, 2013, Caso Espinoza González vs. Perú, 2014) determina que, dado el tipo de delito y la forma de violencia (en el caso sexual), “no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”. (criterio establecido por el STJ Se. 203/16, 187/17, 276/17 y 67/18, entre otros). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes, y la prueba generada sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres, desechando estereotipos genéricos que han contribuido a la discriminación y violencia histórica de las mujeres en un orden social patriarcal. Orden en el cual las niñas “son tributarias del proceso histórico de fragilización de la subjetividad femenina” (Fernández, Ana María. Las lógicas sexuales: amor, política y violencias”. (Se. 176719) (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia ha ponderado la prueba desde el marco que imponen la normativa vigente en delitos de violencia contra la mujer, con rigurosidad analítica y con atención al principio de inocencia desde que particularmente se ha ocupado tanto de verificar la acreditación de la hipótesis fiscal como de descartar la teoría del caso que ha traído la defensa. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia ha expuesto acertadamente que la versión de la Sra. en el juicio -respecto de que los hechos no habrían existido (sostiene que en sede policial habrían escrito algo que ella no dijo y que había sido amenazada por el Sr. Fiscal del caso para que ratificara la denuncia) debe ser considerada una retractación en el marco de una relación violenta que en definitiva no puede ser considerada para exculpar al imputado. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia debe examinarse bajo el enfoque de género, el cual impone una nueva racionalidad jurídica que conlleva el análisis de los hechos a la luz del contexto, mediante la integración de la información recabada sobre las circunstancias particulares de cada persona y su interacción, el círculo íntimo y la interseccionalidad de factores que la alcanzan. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

En esta instancia revisora, tengo presente que se trata de un caso de violencia de género por lo cual corresponde aplicar al momento del examen de la misma, un enfoque diferenciado conforme ley 26.485, Convención de Belem Do Pará, CEDAW y doctrina de la Corte Interamericana como directrices sobre la temática de organismos internacionales de derechos humanos (TIP Se. 73/19, 99/19 y 101/19 entre muchas otras). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Este Tribunal de Impugnación ha sostenido que en casos de retractaciones: “se advierte en el caso una clara retractación de la víctima en pos de favorecer a su pareja, la cual debe ser analizada en el marco contextual de la totalidad de la prueba rendida en juicio, evitando el análisis fragmentado de la misma (conf. Comisión IDH “Informe Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia”), por cuanto el eventual desistimiento o retractación en la denuncia de hechos de violencia no implica que los hechos no hayan ocurrido desde que existen “motivos múltiples” que pueden llevar a no denunciar o desistir de las denuncias (conf. Comisión IDH, Informe cit)” (TI Se. 130/19 ). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)