Sumarios jurisdiccionales

El hecho de acusación y condena es la única respuesta lógica que surge de la concatenación del plexo indiciario y de allí resulta ajustada a derecho la afirmación del a quo de que esa conclusión permanece incólume pese a los argumentos de la Defensa e imputado, de que éste no tuvo participación en el hecho. (voto conjunto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann)

Se puede llegar a conclusiones en un proceso judicial, y más aún en el marco de una investigación de un delito ocurrido en el lugar más reservado de un seno familiar, mediante una valoración ordenada, aunada y sistemática de diversos indicios, (postura que el STJRN viene sosteniendo), ya que limitar las posibilidades de arribar a conclusiones judiciales solo con prueba directa sería limitar las posibilidades de alcanzar la verdad a un extremo insostenible. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La argumentación que expone la defensa en esta instancia resulta una reiteración de los agravios vertidos en el de juicio, evidenciándose del desarrollo de los mismos ante este Tribunal de Impugnación solo otra interpretación sobre la prueba, pero no la demostración del yerro en las premisas valorativas que expone el Tribunal a la luz de la prueba rendida. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Corresponde rechazar la impugnación presentada por el defensor del imputado y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de juicio de General Roca, desde que la prueba ponderada por el a quo cumple sobradamente el estándar de prueba (“más allá de toda duda razonable”) para arribar a la sentencia de condena. (voto del Dr. Fernando Adrián Zimmermann por la mayoría)

La resolución expone que se ha indagado sobre la coherencia interna y externa de los testimonios de las denunciantes, a lo que adiciona, en los términos de los estándares de análisis de testimonio único, el examen de los mismos a la luz de otros testimonios de referencia que dieron cuenta no solo de lo relatado por las víctimas, sino también por lo testimonios directos sobre el estado emocional y el comportamiento de aquellas, de sus dificultades para denunciar y contar lo sucedido en distintas etapas de su vida. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La amplitud probatoria que confiere la ley en estos casos -violencia de género- permite la mayor búsqueda de datos para comprobar los hechos fácticos de la acusación (artículo 165 del CPP) y ello exige una “debida diligencia reforzada” de los acusadores para investigar los delitos de violencia de género y como contrapartida, el deber de los jueces de aplicar enfoque de género al evaluar las probanzas, pero no implica de ninguna manera que se erija una condena sin pruebas suficientes solo sobre la íntima convicción del juzgador. (voto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Recuerdo el deber de observar las pautas sentadas in re "Casal" en la revisión integral de la sentencia de condena, vinculadas, en lo sustancial, con el examen a partir de las reglas de la sana crítica y de la aplicación de un método racional de reconstrucción histórica. La mencionada reconstrucción presupone, entre otros aspectos, el cotejo entre los diferentes elementos de prueba, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa y su compromiso con los acusados o el ofendido. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

En la revisión realizada, se constata que la valoración de los jueces se asienta en sus creencias personales de la inmediación con el testimonio de la víctima, que no se vincula a otros datos objetivos. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Las decisiones judiciales deben ser el resultado de un exámen de las pruebas y el contexto bajo la perspectiva de género, en el cual se otorga especial consideración a los dichos de la víctima, aplicándose el principio de amplitud probatoria; y que ello no implica flexibilizar los principios del debido proceso ni el riguroso examen de la prueba en orden a la vigencia del principio de inocencia. Tampoco puede soslayarse el deber ético-constitucional e ineludible del Juzgador de abstraerse de la íntima convicción para fundar su certeza en los elementos traídos a debate y tamizados bajo el principio de contradicción en el marco de la garantía de defensa en juicio (este Tribunal en ESCUBILLA 29.7.2020). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Los indicios están interrelacionados y coherentemente enlazados como elementos de la misma construcción reforzándose recíprocamente y descartando su neutralización. Además, los indicios son consistentes, no contradictorios, coherentes y complementarios, todo lo que denota un sólido fundamento para establecer la autoría de L. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)