Sumarios jurisdiccionales

La situación general de COVId19 no se erige en una circunstancia que en el orden general conlleve el imperativo de morigerar o suprimir las privaciones cautelares de libertad, máxime cuando la persona imputada no encuadra en ninguno de los grupos de riesgo. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencia)

La clasificación efectuada por el art. 14 del CP aquí cuestionado no pone en crisis la finalidad esencial de la ejecución de la pena, es decir la resocialización de la persona que se encuentre privada de su libertad. (voto conjunto de los Dres. Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

El artículo citado -art. 110 del CPP- de ninguna manera exime al Tribunal de fundar los motivos por los cuales deniega la petición desde que “la libertad ambulatoria y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por este Código y la Constitución de la Provincia solo podrán ser restringidos cuando fundadamente se presumiere que el acusado pudiere eludir el accionar de la justicia….” (art. 99 ult párrafo en conc. Art. 9 CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencia)

Entiendo que tratándose de la prisión preventiva la excepción y no la regla hasta tanto la condena no quede firme el inc. 4 del art. 110 del CPP no puede interpretarse invirtiendo tal regla. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencia)

Opera el principio de debida diligencia en la prevención de la violencia contra la mujer y en especial lo referido por el STJ en el punto 6.5 de la sentencia señalada -“Narvaez” del STJ, sentencia 20/18 del 21 de febrero de 2018- a la cual remito en orden a la brevedad. Entonces no advierto sustento a la queja de la defensa cuando sostiene que el fallo Narvaez no existe o que se ha dictado la cautelar solo en función de la víctima. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencia)

La perspectiva de género es un enfoque obligado justamente para garantizar la imparcialidad de los jueces ante un contexto de desigualdad en el orden social (Vertido c. Filipinas, Cedaw, ONU) y por el contrario a lo sostenido por la defensa, no implica imparcialidad alguna sobre el análisis de los hechos y el derecho (TIP Se 231/19, 31/20, 35/20 entre otras). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencia)

Este principio -limitación de los recursos contra las decisiones en etapa de investigación- cedería ante una cuestiones que violentaren irreparablemente derechos constitucionales que pudieran encuadrarse en el supuesto del art. 242 del CPP (Se. TIP 174/18), pero en este caso la defensa no ha logrado rebatir los argumentos del Juez de Revisión que denegó el recurso (lo cual es un requisito ineludible para admitir formalmente la queja – Se.TIP 270/19) mas bien de la sola lectura de la misma se advierte que expone una discrepancia sobre la valoración de los elementos enunciados por la Fiscalía al requerir el allanamiento que cuestiona y la ponderación que en relación a ellos hicieran los jueces de las instancias anteriores sin demostrar el yerro en que supuestamente incurren. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Nuestro sistema recursivo no genera una tercera revisión ordinaria, debe existir un agravio manifiestamente evidente, que el texto del recurso no evidencia, ya que no demuestra que la inadmisibilidad dictada este apañando la violación de una garantía constitucional y/o convencional. En definitiva, la queja omite controvertir de forma concreta y razonada los fundamentos dados por el juez de revisión, como así también se advierte que existen otros momento procesales para realizar sus planteos, en el desarrollo de la investigación fiscal, como es la audiencia de control de la acusación. Conforme ello, el recurso carece de una presentación plausible del supuesto de arbitrariedad de sentencia y de las afectaciones constitucionales y convencionales que se denuncian. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella por la mayoría)

Volviendo a los recursos previstos para la etapa investigativa vale resaltar como se dijera en “Gatica” (TIP Se. 12/20) que el diseño recursivo del rito, no es caprichoso ni arbitrario, tiene su razón de ser en coherencia con un sistema procesal en el cual impera el principio de celeridad, concentración y simplificación (art. 7 CPP) y por ello no cabe la existencia de vías recursivas indeterminadas que dilaten el pronto transcurso por las etapas procesales para llegar rápidamente al juicio. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Los actos procesales que refiere el art.228 del CPP, sin duda son aquellos que sin ser definitivos revisten importancia para el destino de quien se encuentra imputado en un causa penal y en consecuencia se prevé una instancia revisora mediante un recurso ordinario amplio a fin de garantizar el doble conforme. El Código no habilita una tercera etapa de revisión, ni viabiliza la intervención de todos los órganos superiores del sistema judicial. Solo tiene una vía prevista en el rito: es la vía del art. 27 del CPP (en conc. Art. 26 CP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)