Sumarios jurisdiccionales

Dejo -una vez mas- asentada mi profunda preocupación por el reduccionismo que implica una pretensión de respuesta única para todos los casos, la persistente desvalorización -en un sistema de justicia androcéntrico- de la palabra, la voz y la voluntad de quienes por ser mujer y ser (o haber sido) víctima de violencia son estereotipadas bajo el rótulo de la “incapacidad jurídica”y “la debilidad” y en consecuencia, son despojadas del derecho a ser oídas y del derecho a recibir una consideración fundada sobre sus opiniones. Ergo, son sustituidas en la decisión que afectará sus vidas por quienes presumen, como se ha presumido históricamente, conocer “lo que es mejor para ellas”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Respecto de la modalidad de cumplimiento de la pena, cabe agregar que si bien la defensa se agravia de la ausencia de motivación de tal modalidad por parte del Tribunal de juicio, la resolución ha establecido fundadamente el sustento de la efectividad de la prisión al sostener premisas que, en lo esencial, permanecen incólumes a la crítica efectuada por la defensa, aún ante la rebaja del quantum punitivo que se propone en esta instancia. Sostuvo el aquo que la condicionalidad de la pena debe analizarse en función de los hechos y, en el caso el hecho no resulta de escasa magnitud. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Debe atenderse y escucharse a la víctima prohibiéndose detener el avance de la acción penal cuando ella pretende un juicio y sanción. En similar sentido está previsto escucharla antes del dictamen fiscal sobre la petición de suspensión del juicio a prueba y, para el caso de su asentimiento o conformidad en función de lo antes señalado, corresponde analizar el cumplimiento de los restantes requisitos legales. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

Es tan cierto que la opinión/ expresión de voluntad de la víctima no es vinculante para el dictamen fiscal sobre la petición de la probation, como que el titular de la acción pública no puede desconocer su interés, su realidad actual, el discernimiento la intención y la voluntad para decir lo que solicita, enmarcando todo en el plexo normativo aplicable que no fija un criterio de violencia física. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

La querella tiene el deber de asesorar adecuadamente a las víctimas en cuanto a las figuras legales aplicables a los hechos y ajustar su accionar a la buena fe procesal. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Se persiste en prácticas que homogeneizan respuestas, que no atienden las necesidades de reparación y excluyen el derecho a participar de cada mujer en el diseño de un plan particularizado reparatorio, restaurativo y preventivo de la violencia (art..7 incs. b, f, y g de la Convención de Belem Do Pará) que podría tener lugar bajo el andamiaje legal de las pautas de conducta de la suspensión de juicio a prueba. Bajo una errada visión de lo que es la perspectiva de género, se desconocen, reproducen y por ende, se perpetúan las bases estructurales de la violencia institucional que conlleva hoy -como ha sido desde antaño- el desconocimiento de la ciudadanía de las mujeres; desconocimiento que particularmente se profundiza en ciertos casos de violencia doméstica. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

En el caso concreto se advierte que no se han presentado los informes requeridos por la ley en su artículo 33 (ley 24660). Tampoco se ha acreditado impedimento para tratar en el servicio penitenciario la salud del recurrente. Ello por cuanto la situación COVID19 es una situación de contexto a analizar por los profesionales de salud al momento de realizar la evaluación sanitaria que deben plasmar a posteriori en los informes referidos, pero de ninguna manera se encuentra en la sola existencia de la pandemia la justificación de la medida de alojamiento domiciliario ante la ausencia de tales informes (artículos 32 y 33 ley 24.660y 10 del Código Penal). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

La argumentación del recurso, se plantea en forma dogmática porque la sola condición de diabético del recurrente, no implica que automáticamente se genere la prisión domiciliaria. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

Al momento de presentar la impugnación objeto del presente pronunciamiento, restaba realizar el juicio sobre la pena y, siguiendo esta línea de pensamiento, el “plazo para recurrir la sentencia comenzará a partir de este último momento” (arts. 174 segundo párrafo en concordancia con el 190 in fine, ambos del CPP), por lo que corresponde declarar inadmisible la impugnación extraordinaria deducida por extemporánea por prematura. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

La reiteración de la postura Defensista no logra superar el umbral de la simple discrepancia subjetiva lo que torna ineficaz los agravios. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)