Sumarios jurisdiccionales

La procedencia de la prisión preventiva y su modalidad de ejecución dependerá del análisis puntual que realice la judicatura sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas requeridas para asegurar la investigación y los fines del proceso, análisis que deberá procurar la menor afectación de derechos del imputado. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja in límine y ordenar se continué el proceso en tanto deviene improcedente su suspensión por encontrarse agotada “la instancia de control” que como presupuesto de tal efecto prevé el artículo 226 del CPP. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

El recurso es inadmisible por cuanto la decisión que impugna la Defensa tuvo el doble conforme en los términos de los artículos 26 y 27 del Código Procesal, por ende, no existe en el caso impugnabilidad objetiva. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

Corresponde rechazar in límine el recurso de hecho interpuesto por las defensas, ya que este Tribunal de Impugnación carece de competencia funcional para admitir el recurso de hecho interpuesto pues la resolución atacada es irrecurrible (ver considerando 5.- de la Se. 16/19 “Henriquez”). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

Al Foro de Jueces le corresponde la función de revisión de toda decisión tomada en la etapa de la investigación penal preparatoria o en la etapa de juicio. Mientras que, a este Tribunal de Impugnación le corresponde la revisión de las sentencias, sobre el que aplica el principio convencional del doble conforme. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

El sistema recursivo, no genera una tercera revisión ordinaria, ni viabiliza la intervención de todos los órganos superiores del sistema judicial. Solo tiene una vía prevista en el artículo 27 del CPP. En este caso, tal revisión ya ha existido y se ha confirmado la resolución del Juez de Garantía. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

En cuanto a la legitimación objetiva y subjetiva del MPF para impugnar ante este Tribunal de Impugnación solicitando el doble conforme de lo decidido por el Tribunal del art. 264 del CPP; surge del art. 235 inc. 4 del CPP (TI Se. 58/20 “Sella”) y de lo resuelto por el STJRN: “la garantía del doble conforme, que el legislador local estableció tanto para el imputado como para la acusación en cualquiera de sus dos variantes -pública y privada-, de manera que la competencia material en principio restrictiva de cualquiera de los organismos llamados a rever lo decidido deben ampliarla, incluyendo al Superior Tribunal” (Se. 35/19 Ley 5020 “Aguinaga”, entre otros). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann en disidencia)

Corresponde rechazar in límine la queja interpuesta, desde que el recurso es inadmisible. Este Tribunal de Impugnación ha sostenido por mayoría que “el Código ritual establece un sistema de recursivo limitado (art. 222 CPP) y asimétrico por cuanto otorga mayor amplitud recursiva a la defensa en función de que admite solo para la parte imputada el recurso a efectos de conferir el doble conforme de autos procesales importantes en concordancia con la interpretación que el Sistema Interamericano de Derecho Humanos ha realizado del alcance del art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (TI “Torres”). (voto conjunto de los Dres. María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

La cesura es el juicio sobre la pena, en donde un Tribunal dicta una sentencia fijando la condena y su modalidad de cumplimiento (como resultado del contradictorio a consecuencia de que nadie puede ser “penado” sin juicio previo --artículos 18 Constitución Nacional, 22 de la Constitución provincial y 173 y 174 del CPPRN--) y, es preciso indicar que “el principio de individualización de la pena no se refleja en un menor deber de fundamentación jurídica, sino que debe conducir a uno mayor” (Ziffer, Patricia en Lineamiento de la determinación de la pena. Página 28 Editorial Ad-Hoc. Bs As 2013, segunda reimpresión) y esa, es una tarea que comienza por el pedido de la Acusación. Para que los jueces determinen la pena, la Fiscalía debe realizar ese pedido, ya que la Acusación tiene el deber de fundar todas sus peticiones (artículo 59 del CPPRN). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias )

El sistema recursivo tiene previsto que para la revisión de toda decisión tomada en la etapa del juicio, es decir durante su tramitación, esa actividad será llevada adelante por el Foro de Jueces Penales que determine la Oficina Judicial (artículos 20, 25, 26 y 27 del CPP). Esto se denomina control horizontal. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella por sus fundamentos)