Sumarios jurisdiccionales

La testigo directa sumado a los indicios de cargo contingentes en su individualidad -es una característica de ellos- conforman una serie numerosa, concordante y suficiente apta para contradecir la simple versión de descargo; además la hipótesis de la defensa/imputado no puede dar cuenta de la prueba de cargo presentada por la acusación, por lo que considero que la sentencia presenta motivación suficiente en los términos del art. 200 de la Constitución Provincial. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

El agravio de arbitrariedad (conf. art. 242 inc. 2, CPP) es insustancial pues su pretensión de pena accesoria ciertamente configura una reformatio in peius (como resolvió el Tribunal de Juicio) al exceder las penas resueltas en la primera sentencia de condena y en cuanto fue modificada por una impugnación de la Defensa. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

El recurso de queja no puede prosperar pues no rebate lo sostenido en la denegatoria, defecto formal que impide la habilitación de la instancia. El MPF acordó una pena de prisión de tres años, por lo tanto, carece de legitimación para impugnar la sentencia. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)

La pretendida indeterminación del lugar del hecho no supera la simple estrategia defensista realizada con total desconexión de la prueba del juicio. La joven víctima refirió el camino por dónde fueron, el lugar al que la llevó, la hora y fecha aproximada, y las circunstancias de contexto de tiempo lugar y situación familiar y vincular con el imputado. La credibilidad de A. no fue puesta en crisis, y tampoco la de sus padres que en las porciones pertinentes corroboran la de aquélla. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por la mayoría)

Corresponde rechazar la impugnación presentada por el defensor del imputado y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de juicio de General Roca, desde que la prueba ponderada por el a quo cumple sobradamente el estándar de prueba (“más allá de toda duda razonable”) para arribar a la sentencia de condena. (voto del Dr. Fernando Adrián Zimmermann por la mayoría)

La descripción del hecho reprochado cumple con los requisitos legales para que el ejercicio del derecho de defensa sea eficaz puesto que están cumplidos los imprescindibles requisitos de forma que lo aseguran. Entre ellos, una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por la mayoría)

La Fiscalía cuando acusa debe indicar la relación precisa y circunstanciada del hecho que se le atribuye a un persona imputada y cuando ese deber no se cumple su sanción es la nulidad (artículos 39, 40, 59 y 159 del CPP), porque la acusación es la base del juicio (artículos 159, 163 y 168 del CPPP), y en este caso, no se ajusta a una “comunicación previa y detallada de la acusación” (artículo 8, punto 2 inciso b de la CADH). (votgo del Dr. Miguel Ángel Cardella en minoría)

La principal prueba de cargo sólo fue negada por la defensa, intentándose controvertirla con algunas declaraciones desde lo individual y de forma fragmentaria, pero sin realizar un análisis integral del plexo fáctico situación que determina la improcedencia de la impugnación. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por la mayoría)

La decisión del Juez, en principio al ordenar el desalojo y la restitución del inmueble, en los términos del art. 118 primer párrafo, es acorde a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia -Sentencia 42/19- (voto conjunto de los Dres. María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)

Si bien el Codeci ha reconocido en su informe jurídico que en las tierras comprendidas dentro de la jurisdicción de Parque Nacional Nahuel Huapi, zona Gutiérrez se encuentran en posesión tradicional actual y pública de la Lof Buenueleo, de ninguna manera tales actuaciones (pendientes de aprobación por el INAI) avalan las vías de hecho para la recuperación territorial, por el contrario, dicho informe esgrime una serie de estrategias jurídicas tales como la mensura perimetral comunitaria y la posibilidad de recurrir a lo previsto en el art 14 de la ley 2287/88 y/o la interposición de demandas por daños y perjuicios contra el Estado. Es decir, no se encuentra en tal reconocimiento la legitimidad de la recuperación territorial por la acción del despojo prevista en el art. 181 del CPP. (voto conjunto de los Dres. María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi)