Sumarios jurisdiccionales

Corresponde rechazar la impugnación deducida por la Defensa por ausencia de críticas serias, concretas y razonadas, desde que la conducta del encartado no se motivó en una errónea interpretación de la pauta impuesta por el Juez Baquero Lazcano sino por razones bien distintas como son la irresolusión del conflicto primario.

La admisibilidad declarada no repara en la señalada limitación recursiva que establece el Código Procesal Penal y, en el caso concreto, en la ausencia de impugnabilidad objetiva, resultando improcedente que se habilite un tercera instancia de control ante este Tribunal de Impugnación (TI 110/20). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La etapa recursiva que prevé el Código Procesal Penal ya ha sido canalizada conforme la vías previstas en sus artículos 26 y 27 del Código Procesal. Ergo, ya ha sido agotada la etapa de control ante la intervención del Juez Revisor. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

No existe un recurso contemplado en el ritual contra las resoluciones de recusación. En ese sentido, corresponde remarcar que el derecho a la revisión de autos procesales importantes tiene su condicionamiento en exista un gravamen irreparable, que afecte derechos o libertades fundamentales y/o que causen indefensión y o/que resulten violatorios de debido proceso (confr. Cidh Informes “Abella” y “Maqueda”, en cc. arts. 222 y 228 del CPP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La feria judicial efectivamente suspende el plazo de la investigación porque así lo resolvió expresamente este Tribunal de Impugnación (Se. 125/18 “Morel” y Se. 71/19 “Durazno”, y en sentido concordante ver Se. 1/19 “Bahamonde”) y el Superior Tribunal de Justicia (Se. 71/19 Ley 5020 “Durazno”). (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann e Ignacio Gandolfi)

Si no se computa la suspensión de plazos de la feria judicial, no advertimos porqué apartarnos de ese criterio respecto de la suspensión de plazo por otro motivo, cuando ambas suspensiones tienen sustento en la previsión expresa de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia. (voto conjunto de los Dres. Adrián Fernando Zimmermann e Ignacio Gandolfi)

La intervención de este Tribunal de Impugnación en el sublite tiene carácter de doble conforme sobre la cuestión impugnada, por lo que se cumple la doctrina de que “Con el dictado de la presente resolución se cumple la doble instancia de revisión amplia para los imputados; y en base al sistema recursivo previsto en el CPP, la decisión no es objetivamente impugnable y de allí que toda presentación carece de efecto para la ejecución de esta resolución, tornándose así abstracto el planteo referido al art. 226 del CPP” (TI Se. 154/20

La sentencia es muy clara en el modo de relacionar causalmente los hechos, donde P. H. fue engañado mediante el ardid de la entrega de un vehículo que no estaba en condiciones de ser objeto de una transacción (sobre el automotor pesaba un pedido de secuestro). Se situó a la víctima en el error de creer que estaba realizando una adquisición sin problema alguno y su consecuencia fue una disposición patrimonial causada por ese error que le ocasionó el perjuicio económico, lo que acredita el desapoderamiento patrimonial. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La elección entre hipótesis contradictorias con grados de confirmación independientes es una elección racional, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de aquéllas. La más aceptable es la que representa el grado más elevado de probabilidad lógica sobre la base de los elementos de prueba disponibles (Se. 74/08 STJRNS2). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)

La afirmación del a quo en cuanto a que la versión del imputado carece de toda corroboración en cuanto a los extremos que afirmó, de ningún modo ha implicado la inversión de la carga probatoria en desmedro del derecho del causante, sino que simplemente se determinó la insuficiencia de la supuesta prueba de descargo a la luz de lo que surgía del cúmulo de evidencias cargosas (STJRNS2 Se. 114/19 “E.”). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)